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"Lo que aconteció con este trágico evento es responsabilidad directa de la empresa LaMia y del piloto", afirmó el funcionario boliviano, que se encarga de supervisar la dirección general de la Aeronáutica Civil del país, en una rueda de prensa.
Además de sumarse a las investigaciones que realizaban por separado las fiscalías de Brasil y Colombia, esta pesquisa tenía como finalidad esclarecer la responsabilidad de la Aerocivil boliviana en los hechos.
Los resultados fueron que el accidente fue producto de una situación "aislada" que resultante de una cadena de errores de la aerolínea y el piloto, por lo que el país no presenta ningún riesgo de perder su certificación.
El ministro también señaló que presentó una demanda contra Marco Antonio Rocha Benegas, copropietario de LaMia (del cual no se conoce su paradero); Gustavo Vargas Gamboa, gerente general; Celia Castedo Monasterios, auxiliar de navegación aérea (que se encuentra refugiada en Brasil); y Gustavo Vargas Villegas, exjefe del Registro Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
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