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El fallo puso punto y aparte a un caso que lleva más de 8 años en los tribunales de los Estados Unidos.
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El oficialismo defendió la expropiación de YPF y considera que el estatuto de la petrolera tiene menor rango que una ley sancionada por el Congreso Nacional
El Gobierno apelará la sentencia de la jueza de primera instancia de Nueva York, Loretta Preska, que determinó el viernes que el Estado nacional de la Argentina deberá pagar unos US$16.000 millones al fondo Burford Capital por la estatización de YPF en 2012.
Mientras, en la oposición de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, brotaron las críticas hacia Axel Kicillof -el cerebro de la expropiación y actual gobernador de Buenos Aires en pugna por la reelección-, el oficialismo se abroqueló y asegura que no corresponde pagar más por aquella operación.
El fallo puso punto y aparte a un caso que lleva más de 8 años en los tribunales de los Estados Unidos. El siguiente rumbo que puede tomar es la Corte de Apelaciones de Nueva York y la Corte Suprema de Justicia, aunque las perspectivas son sombrías.
Previamente, los jueces estadounidenses habían dictaminado que la estatización de YPF se debería juzgar en ese país, pues la empresa continúa teniendo la figura legal de una Sociedad Anónima que cotiza en la Bolsa (New York Stock Exchange, NYSE, de Wall Street), con 49% de sus acciones en manos del sector privado. En el medio del proceso de apelaciones, correrán intereses por cerca de US$1.500 millones por año.
La historia de Burford Capital con YPF
Preska decidió que el estatuto de YPF tiene mayor valor que una ley del Congreso Nacional de la Argentina y que el Estado, al adquirir más de 15% de las acciones que tenía Repsol -por las que se pagaron con bonos US$5.000 millones más intereses-, debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los propietarios.
Al determinar que la fecha de estatización fue el 16 de abril de 2012 y que la tasa de interés aplicable es de 8% anual, elevó el costo a US$16.000 millones a pagarle a Burford; el mínimo posible era de US$4.900 millones, si se fijaba la referencia en el 3 de mayo y con una tasa de 0%.
El bufete Burford Capital compró en 2015 por unos US$15 millones los derechos de litigio al grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que había ingresado en 2008 a YPF mediante créditos sindicados con bancos del exterior, que fue repagando con el giro de ganancias de la petrolera. El mecanismo se cortó cuando Petersen no pudo sacar más utilidades y fue a la quiebra.
"No corresponde indemnizar a alguien que no sufrió un daño, como es Burford", argumentó Pablo González, actual presidente de YPF. La empresa fue excluida meses atrás de cualquier daño, por lo que no se podrán embargar sus activos como garantía.
Kicillof, por su parte, vinculó el fallo con los fondos buitres y la campaña electoral. El gobernador aseguró que Vaca Muerta no sería posible sin la expropiación de YPF y señaló que "esta vez la violación de la soberanía argentina es tanto o más grave que la del anterior ataque buitre".
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