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El fiscal general señaló que la reconfiguración de las áreas investigativas forma parte de un plan más amplio de reforma institucional
El fiscal general de Perú decidió desarticular los equipos especiales encargados de las investigaciones más sensibles de corrupción, incluida la lucha contra casos de alto impacto político y económico que involucran a exfuncionarios y figuras prominentes del país. La medida implica la disolución de grupos especializados dentro del Ministerio Público que habían sido creados para tratar de manera prioritaria y técnica los casos de malversación de fondos, delitos de cuello blanco y otras investigaciones complejas vinculadas a la administración pública.
Según el anuncio oficial, esta reorganización busca “optimizar recursos” y fortalecer otras áreas de la Fiscalía, aunque la decisión ha generado inquietud entre sectores sociales y expertos en justicia, que consideran que retirar la especialización de estos equipos puede debilitar la capacidad de persecución de delitos de corrupción de alto nivel. Hasta ahora, estos grupos especiales habían concentrado esfuerzos en casos emblemáticos que involucraban a exmandatarios y altos cargos, procesando investigaciones que demandan conocimiento técnico especializado y manejo de gran volumen de información y pruebas.
Los equipos que serán desmantelados incluían fiscales y personal técnico con formación específica en el combate de la corrupción, lavado de activos y crimen organizado, y habían sido responsables de llevar adelante investigaciones complejas que requerían coordinación interinstitucional con otras entidades del Estado y con organismos internacionales. Su eliminación plantea dudas sobre qué estructura tomará ahora la conducción de estos procesos y cómo se garantizará la continuidad y profundidad de las pesquisas.
La decisión fue comunicada internamente y generó reacciones encontradas, ya que algunos sectores la interpretan como una estrategia para “centralizar” las competencias dentro de la Fiscalía, mientras que otros advierten que puede representar un retroceso en la independencia técnica de las investigaciones anticorrupción. Organizaciones civiles y especialistas en derecho han pedido transparencia en la implementación de la medida y garantías de que los casos históricos no se verán afectados por la reestructuración.
El fiscal general señaló que la reconfiguración de las áreas investigativas forma parte de un plan más amplio de reforma institucional, que según él permitirá una mejor distribución de cargas de trabajo y un uso más eficiente de los recursos fiscales, aunque no detalló cómo serán redistribuidas las funciones específicas que antes estaban bajo los equipos especiales. Esta decisión marca un giro en la estrategia del Ministerio Público respecto al abordaje de la lucha contra la corrupción en el país.
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