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La Junta de Inversiones Extranjeras de España elaboró un informe negativo contra la oferta de los inversionistas húngaros
La Junta de Inversiones Extranjeras, dependiente del Ministerio de Economía de España, ha elevado a Consejo de Ministros su dictamen de la OPA del consorcio Ganz Mavag sobre Talgo en el que rechaza la compra alegando razones de seguridad nacional, un aspecto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido desde que los inversores húngaros, apoyados por el Gobierno de Viktor Orbán lanzó la opa a comienzos de este año. La Cnmv ha suspendido la cotización de Talgo
El dictamen, según adelanta El Correo, debe ser analizado por el Consejo de Ministros, reunido hoy, que tiene la última palabra sobre la operación. Si veta la opa, el consorcio liderado por el empresario András Tombor podría recurrir a instancias europeas para defenderse.
La tecnolgía de Talgo de ancho variable ha sido el argumento empleado por el Gobierno para oponerse a la compra por un consorcio en el que el Gobierno de Orbán participa a través del fondo de inversión Corvinus, con el 45% del vehículo comprador. Entre los asuntos que más preocupan al Gobierno figura la transferencia de la patente de eje desplazable de Talgo que para el ministro de Transportes español, Óscar Puente, es clave en un contexto bélico marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Según el Gobierno la patente de Talgo es "crítica" en zonas como los países Bálticos donde lo que más preocupa es "la movilidad militar". "Es una tecnología que tenemos que proteger", señaló en varias ocasiones el titular de Transportes español.
En el momento de la suspensión, las acciones de Talgo sufrían una caída del 0,94%, hasta los 4,26 euros, por debajo de los 5 euros por acción que el consorcio húngaro puso sobre la mesa el pasado mes de marzo para hacerse con el 100% de Talgo en una operación valorada en un máximo de 620 millones de euros.
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El gobierno prevé recibir el documento final con varios ajustes en el criterio de retiro el próximo 30 de abril, aunque existe la posibilidad de una prórroga de 45 días prevista por decreto
