España, en la mira de la Ocde por sobornos en el extranjero

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) reprochó ayer los ?débiles resultados? del dispositivo español contra los sobornos de funcionarios extranjeros, en particular si se comparan con los obtenidos por otros países, y advirtió de que tomará medidas si antes de fin de año no hay una corrección.

El jefe de la división contra la corrupción de la Ocde, Patrick Moulette, calificó de ?bastante crítico? el tono del informe del grupo de trabajo sobre España.

'Hay dos razones principales, la primera una falta de resultados concretos' porque en casi 13 años de vigencia del delito de corrupción de funcionarios extranjeros, sólo ha habido siete investigaciones, y todas se han archivado sin condenas ni sanciones, explicó Moulette a Efe.

Recordó que frente a la ausencia de toda sanción en España, hay otros miembros del grupo de trabajo donde el dispositivo sí ha tenido consecuencias, y aludió a 90 condenas en Estados Unidos, una quincena en Alemania o una decena en Italia.

Indicó que un segundo punto débil es que ?la ley española no es conforme con el convenio de la Ocde? y que el Código Penal contempla dos delitos, uno específicamente dirigido a castigar a los que sobornan a funcionarios europeos. Precisó que la legislación de 2010 fija la responsabilidad de las personas por ese tipo de comportamientos, pero quedan excluidas las empresas de titularidad pública. Por una falta de voluntad de las autoridades españolas en luchar contra esas prácticas delictivas, el jefe de la división dijo que ?es difícil responder. El nuestro es un trabajo técnico?.

Especuló sobre el hecho de que el aparato judicial tal vez esté más centrado en el fenómeno de la corrupción interna o que quizás el convenio de la Ocde sobre los sobornos no sea suficientemente conocido. Moulette recordó que el grupo de trabajo ha dado de plazo a España hasta diciembre para que lleve a cabo una serie de reformas y le presente un informe de auto-evaluación. En caso de que las medidas tomadas por España no le satisfagan, se hará un examen suplementario, lo que 'sería muy embarazoso para España? se trata de un procedimiento ?muy inhabitual', aplicado a unos pocos países como Grecia o Suecia.

cambios en el sector públicoLos cambios legislativos, que serán supervisados directamente por el equipo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tiene un objetivo básico: que la gestión pública deje de convertirse en un lastre para la marca España y que pueda equipararse a la de las mejores empresas privadas.

Según las fuentes gubernamentales, la reforma de las administraciones provocará el cierre de organismos públicos inútiles, avanzará hacia la centralización de la gestión de los servicios generales para ganar eficiencia y obligará a las comunidades y a los ayuntamientos a tener una estructura administrativa mucho más transparente. ¿Pero cómo se conseguirán estos grandilocuentes objetivos?