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España elevará en US$11.100 millones el gasto en pensiones por subsidio a mayores de 52 años
Los cambios que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el esquema de la ayuda también tendrán un impacto relevante más allá del coste actual
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La cotización 125% del SMI elevará 4,72% la pensión inicial de los perceptores. Fedea advierte de que al sobrecoste en pensiones se añaden los US$9.890 millones en cuotas sociales no recaudadas. Reducir la edad de acceso al subsidio especial por desempleo de 55 años a 52 años en la reforma de 2019 ha catapultado el volumen de perceptores en los últimos ocho años. El último dato disponible de julio de 2026 sitúa en 466.077 los beneficiarios de esta prestación no contributiva, 75% más que los niveles previos a la reforma. Sin embargo, los cambios que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el esquema de la ayuda también tendrán un impacto relevante más allá del coste actual.
El incremento de la cotización que el Servicio Público de Empleo Estatal, Sepe, hace a la Seguridad Social a favor de los beneficiarios, que pasó de ser 100% del salario mínimo interprofesional 125%, tendrá un importante impacto presupuestario para las arcas públicas en las futuras pensiones de jubilación que recibirán los perceptores del subsidio para mayores de 52 años. Según cálculos de Fedea, esta factura subyacente en futuras pensiones de jubilación será de casi US$11.082 millones más respecto al escenario previo a la reforma de 2019.
Cabe recordar que otro de los cambios introducidos es ahora los beneficiarios pueden cobrar el subsidio, que en 2026 alcanza una cuantía de US$560 al mes -cuantía equivalente al 80% del Iprem-, hasta llegar a la edad legal de jubilación. Esto, a partir de 2027, se podría percibir desde los 52 años hasta los 67 años (un periodo de quince años).
A partir de esta premisa, los expertos de Fedea calculan que habrá 432.520 perceptores anuales durante la ventana 2019-2030, en un escenario conservador, proyectando la base reguladora sobre los últimos 25 años de carrera de cada beneficiario, y combinando 17 años con el salario medio nacional US$38.400 anuales y una permanencia media de 8 años percibiendo el subsidio. Al aplicar la sobrecotización a 125% del salario mínimo US$23.780 al año en lugar de la cotización ordinaria a 100% US$19.022, la base reguladora individual se incrementa 4,73%, pasando de US$32.200 a US$33.720.
De este modo, aplicando una tasa media de reposición de 77,3% -equivalente a 25,8 años de cotización según los estándares del Ageing Report 2024-, la pensión inicial anual alcanza los US$26.080, lo que representa una ganancia neta de 4,72% anual (1.008 euros más por perceptor al año) respecto a los US$24.900 que se percibirían con la cotización ajustada al salario mínimo.
Proyectando esta diferencia a lo largo de una esperanza de vida media tras la jubilación de 21,68 años, el importe acumulado que percibirá cada pensionista escala hasta los US$565.300, lo que supone US$25.500 adicionales por persona frente a los US$539.800 del escenario base. Al trasladar este impacto al colectivo medio estimado de beneficiarios, el desembolso total en pensiones bajo la reforma de 2019 asciende a US$244.600 millones, frente a los US$233.600 millones resultantes de haber mantenido la base en 100% del salario mínimo, consolidando un sobrecoste estricto para el sistema de US$11.040 millones.
Junto al mayor gasto en pensiones, la Seguridad Social asume también una significativa merma de ingresos por la vía del lucro cesante, cifrada en US$9.880 millones, por las cuotas sociales que el sistema deja de percibir -calculadas a razón de un tipo de 8,8% sobre el salario mínomo-. De esta forma, al sumar las mayores obligaciones futuras de jubilación US$11.020 millones y las cotizaciones no recaudadas, el impacto económico consolidado sobre el sistema público de previsión social alcanza los US$20.900 millones en valor presente.
La factura final, no obstante, dependerá del tiempo efectivo que los beneficiarios permanezcan en el esquema asistencial. Los autores advierten de que por cada año adicional que el subsidio se cobre por encima de los ocho años contemplados en el escenario base, el coste para la Seguridad Social aumentará en más de
US$2.216 millones anuales (US$988 millones en mayor gasto de pensiones y US$1.236 millones en cuotas no ingresadas), lo que elevaría el coste total hasta rozar los US$26.700 millones si la prestación se agotase durante un periodo de 12 años.
A toda esta tensión sobre las cuentas de la Seguridad Social se añade, además, el desembolso directo financiado por el Sepe para el pago de la propia ayuda asistencial, que supondrá un gasto acumulado de US$18.500 millones entre 2019 y 2030.
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