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El secretario general de la Ocde, Mathias Cormann, dio las claves para que el país tenga un senda de crecimiento sostenido mientras soluciona su situación fiscal
A seis años del ingreso de Colombia a la Ocde, el balance del organismo combina avances sociales significativos, como la caída de la pobreza de 43% en 2020 a 28% en 2025, con serias advertencias sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el rezago estructural en productividad, indicador que en el país apenas alcanza el 29% del promedio del bloque.

En entrevista con LR, el secretario general de la entidad, Mathias Cormann, trazó la hoja de ruta para evitar que la economía siga perdiendo impulso tras la desaceleración prevista para 2026 (2,4%) y 2027 (2,1%). Para el directivo, la prioridad del Gobierno debe ser adoptar un plan creíble de control del gasto a mediano plazo que ponga la deuda en una trayectoria descendente sin sacrificar la inversión productiva.
A juicio de Cormann, lograr un gasto público más eficaz pasa por corregir problemas de focalización, impulsar una reforma tributaria que amplíe las bases de recaudo con menos distorsiones, acelerar la digitalización de los trámites empresariales y destrabar la generación de empleo formal, además de resolver los problemas de liquidez del sistema de salud.

Colombia necesita un plan creíble a mediano plazo que permita controlar el gasto, aumentar los ingresos públicos generando menos distorsiones y proteger la inversión productiva. Esta combinación de políticas favorecería el crecimiento.
Una mejor focalización de las ayudas públicas podría generar ahorros y, al mismo tiempo, proteger a los hogares vulnerables. Actualmente, 81% de los subsidios a servicios públicos y 93% de los subsidios a la vivienda benefician a hogares que no son de bajos ingresos.
Revisiones periódicas del gasto podrían identificar nuevos ahorros y reasignar recursos hacia ámbitos de mayor prioridad. El objetivo es lograr un gasto público más eficaz, no simplemente reducirlo.
Hay tres prioridades claras: reforzar la sostenibilidad fiscal, aumentar la productividad e incorporar a más personas al empleo formal. Colombia ha logrado avances económicos importantes, pero nuestras últimas proyecciones apuntan a una desaceleración del crecimiento, hasta 2,1% en 2027.
Un plan fiscal de mediano plazo debería situar la deuda en una trayectoria descendente y mejorar las competencias y ampliar la adopción de tecnologías digitales contribuiría a elevar la productividad.
Reducir los costos de la contratación formal, ampliar el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y prolongar gradualmente la vida laboral permitiría aprovechar mejor el potencial del mercado laboral y compensaría los efectos del envejecimiento de la población.
La baja productividad es uno de los principales obstáculos al crecimiento. La productividad de Colombia se sitúa en torno a 29% del promedio Ocde. Entre los demás países miembro, alcanza 60% en Chile, 45% en Costa Rica y 52% en México.
La IA, las energías renovables y los minerales críticos traen oportunidades reales para cerrar la brecha. Aprovecharlas requiere mejorar la educación y las competencias de los trabajadores, reforzar la competencia, simplificar la regulación, ampliar el acceso a financiamiento y reducir las barreras al empleo formal. Avanzar en ellas genera un círculo virtuoso: las empresas más productivas atraen inversión, crean empleos de calidad y amplían la base tributaria.
Colombia ha logrado avances significativos desde su ingreso en la Ocde en 2020. La pobreza se redujo de 43% de la población en 2020 a 28% en 2025, su nivel más bajo hasta ahora.
El desempleo también ha disminuido y las reformas laboral y pensional han reforzado la protección social. Asimismo, las reformas realizadas durante el proceso de adhesión a la Ocde mejoraron la política ambiental, los mecanismos de integridad y lucha contra la corrupción, la calidad regulatoria y la protección de los inversionistas.
Aún queda camino por recorrer para cerrar las brechas existentes. La Ocde está comprometida a seguir apoyando a Colombia para reforzar la previsibilidad regulatoria, aumentar la inversión y la productividad, y crear mejores oportunidades para todos los colombianos.
Dos ámbitos de políticas destacan especialmente: aquellas destinadas a reducir las cargas administrativas y políticas para ayudar a las empresas más pequeñas a aprovechar la tecnología para crecer. En Colombia, solo 6% de los trámites administrativos son totalmente digitales.
En Chile, ChileAtiende reúne más de 2.000 trámites públicos en una única ventanilla digital. Muchos países de la Ocde también aplican el principio de “solo una vez”: los ciudadanos proporcionan la información al gobierno una sola vez y las distintas entidades públicas la reutilizan de forma segura.
Por ejemplo, al cambiar de domicilio, basta con actualizar la dirección una vez en línea, en lugar de hacerlo ante cada organismo. Esto reduce los costos para las empresas y facilita su crecimiento y la creación de empleo formal.
Las empresas más pequeñas suelen carecer del financiamiento y las competencias necesarias para invertir en nuevas tecnologías. Los centros Mittelstand 4.0 de Alemania ofrecen asesoramiento y formación, mientras que el programa Kit Digital de España ofrece bonos para inversiones digitales.
La reforma tributaria es necesaria y el objetivo debiese ser aumentar los ingresos públicos generando menos distorsiones.
En Colombia, los ingresos tributarios representaron 20% del PIB en 2024, frente a 34% en el conjunto de países de la Ocde. Ampliar las bases del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, reducir las exenciones y fortalecer la capacidad de la administración tributaria es clave.
Nueva Zelanda protege a los hogares vulnerables mediante transferencias focalizadas, en lugar de exenciones del impuesto al valor agregado. Los ejemplos de Estonia y Dinamarca muestran cómo las declaraciones de impuestos digitales prellenadas pueden simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y hacer más eficaz la recaudación.
Colombia podría facilitar que las personas tengan los hijos que desean y, a la vez, prepararse para el envejecimiento poblacional. Será necesario ampliar el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad, fortalecer el sistema de cuidados y adaptar los servicios a las necesidades de los padres que trabajan.
También implica fomentar un reparto más equitativo de las responsabilidades de cuidado, para que la maternidad y la paternidad no limiten de manera desproporcionada las oportunidades laborales de las mujeres. Pero las políticas destinadas a aumentar la fecundidad no serán suficientes por sí solas. Colombia también necesita aprovechar mejor su fuerza laboral actual, especialmente las mujeres y los jóvenes, crear más empleos formales y aumentar la productividad.
La privatización por sí sola no resolverá la crisis de liquidez. La participación del sector privado puede contribuir a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad fiscal, pero la cobertura prácticamente universal y los gastos de bolsillo relativamente bajos que asumen directamente los hogares son logros importantes que Colombia debería preservar.
Independientemente de que la prestación de los servicios de salud sea pública o privada, el financiamiento del sistema debe ser previsible y los prestadores deben recibir sus pagos puntualmente.
Con el tiempo, los pagos a los prestadores de servicios de salud en Colombia deberían reflejar mejor los costos de la atención, acompañados de una supervisión financiera más sólida y de procesos de contratación más eficientes.
Reforzar la atención primaria en las zonas desatendidas (la periferia) y remunerar la calidad y la eficiencia de la prestación, en lugar del volumen de los servicios prestados, contribuiría a mejorar tanto la sostenibilidad del sistema como los resultados en materia de salud.
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