En la Alianza del Pacífico, México tiene el mayor límite para financiar campañas

México es el país de la Alianza del Pacífico que permite la financiación más alta para las campañas electorales, mientras que Perú tiene el tope más bajo, en medio de un año que estará marcado por las elecciones que habrá en América Latina.

Si bien Chile tuvo sus comicios presidenciales el año pasado, Colombia, México y Perú irán a las urnas este año. El Consejo Nacional Electoral colombiano, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Congreso de Perú, este último por medio de una ley, ya establecieron el tope de financiación para las campañas electorales de este año.

En el caso mexicano, tiene el monto más alto de los cuatro países con US$23,05 millones. Además, entre las prohibiciones que estabeció el INE, está que los candidatos no podrán regalar cualquier material que tenga propaganda en donde prometa entregar cualquier beneficio al elector. En Colombia, donde el tope llega a US$8,3 millones, según la Misión de Observación Electoral, “los candidatos tendrán para divulgar sus tesis y programas de gobierno 60 días antes de las elecciones y hasta ocho días antes de las votaciones”.

Vale la pena mencionar que el tope de México ha sido el más alto de la historia y esto se dio según Johana Fandiño, docente de procesos electorales de la Universidad de la Sabana ,“porque se considera que este monto es una base que proporciona estándares de equidad para la participación, sin embargo hay quienes piensan con base en los escándalos de corrupción del gobierno saliente que esta cifra es demasiado alta”.

Chile tiene un monto de US$9,46 millones y los candidatos pueden iniciar campaña 90 días antes de las fecha en que se celebra la elección. El último país del ranking es Perú, debido a que según la ley 28.094 solo permite un tope de US$446.975, el cual se distribuye entre las contribuciones de personas naturales o jurídicas y actividades proselitistas.

Este tope se debe, según Óscar Ritoré, experto en marketing político, a que “Perú tiene una estructura distinta. La mayoría de su población es indígena y está dispersa, por lo que las votaciones dependen más de los cascos urbanos”. En la ley que se aprobó en 2017 se estableció que no se permitirá que las empresas privadas ni extranjeras patrocinen partidos políticos.

“La financiación de campañas no se puede perder de vista, ya que cada ciudadano por medio de estos reportes ejerce un control. Además, permite transparencia en el proceso electoral”, afirmó Carlos Arias, analista de la Universidad Externado.