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Al menos serán quince días más los que el Ejecutivo seguirá actuando con sus facultades limitadas porque el calendario aboca a que, en caso de que pudiera haber una investidura de Rajoy, ésta sería a finales de mes.
Todo pasa por la reunión que debe mantener el Comité Federal socialista para debatir si, mediante una abstención, los diputados de este partido permiten que el jefe del Gobierno en funciones consiga de nuevo la confianza del Congreso.
Aún no hay fecha fijada para la cita del máximo órgano socialista entre congresos, pero todo apunta a que la gestora que se hizo cargo del partido tras la dimisión de Pedro Sánchez decidirá el martes (día para el que tiene fijada una reunión) que se celebre el domingo 23 de octubre.
Es decir, tan sólo un día antes de que el Rey inicie su ronda de contactos con los representantes de los partidos para certificar si hay posibilidad de que Rajoy pueda ser investido y, en ese caso, encargarle que acuda a un nuevo pleno del Congreso.
Si el PSOE decidiera en su Comité ratificar el "no" al líder del PP, el día 31 (a los dos meses exactos de la primera votación de la investidura fallida de Rajoy) se disolverían automáticamente las Cortes y se convocarían nuevas elecciones para el 18 de diciembre.
En este caso, el periodo de tiempo en funciones del Gobierno no bajaría de los 400 días teniendo en cuenta los plazos mínimos que se necesitarían para la constitución de las nuevas Cortes y los trámites siguientes.
Hasta ahora, la etapa más larga que había transcurrido entre unos comicios y la investidura del presidente del Gobierno había sido de 62 días, que fueron los que pasaron desde las elecciones del 3 de marzo de 1996 hasta que José María Aznar fue investido por vez primera jefe del Ejecutivo el 4 de mayo de ese año.
Pero España aún queda lejos del récord de 541 días que estuvo Bélgica con un gobierno en funciones desde las elecciones que celebró el 13 de junio de 2010.
El hecho de estar en funciones impide al Gobierno aprobar medidas como proyectos de ley, por lo que no ha podido presentar unos nuevos presupuestos para el próximo año.
Desde que en aplicación de la denominada Ley del Gobierno tanto Rajoy como sus ministros quedaron cesados el 21 de diciembre, al día siguiente de las elecciones generales, Rajoy ha perdido tres miembros de su gabinete porque también le está vetado hacer nombramientos al estar en funciones.
De ahí que los cometidos que desempeñaban José Manuel Soria (que renunció tras ser relacionado con los denominados "papeles de Panamá"), Ana Pastor (que abandonó el cargo para ser presidenta del Congreso) y Alfonso Alonso (que dejó su cartera para ser candidato del PP a lehendakari) hayan tenido que ser asumidas por otros ministros.
Así, respectivamente, el de Economía, Luis de Guindos, se hizo cargo de Industria; el de Justicia, Rafael Catalá, se responsabilizó de Fomento; y la de Empleo, Fátima Báñez, de Sanidad y Asuntos Sociales.
Tanto Rajoy como quienes permanecen junto a él en el Gobierno podrán decir que, aunque sea en funciones, han formado parte del Ejecutivo en tres legislaturas: la nacida de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, la que se desarrolló tras los comicios del pasado 20 de diciembre y que fue la más breve de la democracia, y la vigente en la actualidad después de la cita con las urnas del 26 de junio.
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