El gobierno del Perú busca evitar represalias de una posible amenaza arancelaria de EE.UU.

Aunque ya acabó la legislatura regular, el Gobierno de José Balcázar aún ha remitido al Congreso de la República proyectos de ley para su atención. Y uno "choca" con los intereses de los principales socios comerciales de Perú: Estados Unidos.

El último jueves 2 de julio, el Poder Ejecutivo presentó ante el Legislativo una propuesta que busca establecer un mecanismo para prohibir las importaciones de mercancías que se hayan producido producto del trabajo forzoso.

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Si bien la justificación, según argumenta el Gobierno, está vinculada con el objetivo de adhesión a la Ocde, el contexto es llamativo. Aparece justo cuando el Gobierno de Donald Trump ha dado un paso adelante en su política comercial involucrando al Perú en una investigación masiva de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (Ustr).

EL PLANTEAMIENTO

De acuerdo con el proyecto de ley, que lleva los sellos de diversas direcciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la prohibición se plantea para toda mercancía importada producida "en su totalidad o en parte" vía trabajo forzoso.

Según el Ejecutivo, será el Mincetur, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe), quienes determinen cuáles serán las importaciones a las que se restringiría su ingreso al Perú. Para ello primero tendrían que hacer una especie de listado.

El proyecto remarca que ambos harían, de convertirse en ley esta iniciativa, "un procedimiento de consulta con las autoridades públicas competentes del país de origen para la identificación de las empresas y/o mercancías con sanciones vigentes por trabajo forzoso".

En otras palabras, los ministerios se basarían en estas respuestas para evitar el ingreso de mercancías al país. Una vez hecho esto, el proyecto comenta que las carteras remitirían la información recopilada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para su monitoreo, entidad que estaría habilitada para decomisarlas.

Aunque este es el único mecanismo establecido literalmente en la propuesta de ley, se abre la puerta para que el potencial reglamento establezca "otros procedimientos para recabar información" para prohibir importaciones de este tipo.

Al respecto Gonzalo Bernal, socio de Echecopar, destacó la intención del Ejecutivo, pero cuestionó su poco nivel de detalle. "Sería muy inocente confiar en los reportes oficiales. En otros países se ha implementado un mecanismo de denuncia de parte: se les exige más controles a los importadores, aunque se les traslada la carga de la prueba administrativa", planteó.

¿Investigación de EE.UU. está vinculada?

El momento de presentación de este proyecto legislativo es llamativo. En su propuesta, el Gobierno de Balcázar hace alusión a que varios Tratados de Libre Comercio (TLC), incluido el que tenemos con EE.UU., incluyen compromisos laborales que buscan evitar el trabajo forzoso.

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También se alude a otros convenios internacionales del que Perú forma parte, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que, a través de su objetivo número 8 incluye promover "el trabajo decente para todos".

Incluso se recuerda que la Ocde también considera esta problemática entre su checklist para adherir países, como intenta Perú. Pero deja por fuera un hecho reciente, que no se puede ignorar.

A finales de abril dos funcionarios del Mincetur fueron autorizados para viajar a Washington, según la Resolución Ministerial N° 114-2026-MINCETUR. Este podría ser una comisión más, de no ser por el motivo para justificar el traslado: defender la posición de Perú, en audiencias públicas, ante una pesquisa de la USTR, que arrancó en marzo.

"La Ustrt ha iniciado una investigación a 60 economías, entre las cuales se encuentra nuestro país, alegando la ausencia de medidas efectivas para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, aduciendo que ello podría constituir una práctica discriminatoria que perjudica el comercio de EE.UU.", dice textualmente la resolución.

Si eso no fuese suficiente coincidencia, el pasado 2 de junio la Ustr publicó, para recibir comentarios hasta este 6 de julio, sus conclusiones a la investigación señalada. Desde el 7 de julio, se harán audiencias para comentar los pasos a seguir.

El informe, que revisó Gestión, señala textualmente que Perú, si bien colaboró con la investigación, "ha fallado" en imponer una prohibición legal a las importaciones por trabajo forzoso.

"Determinamos que la falta de imposición y de aplicación efectiva de una prohibición a la importación de productos fabricados con trabajo forzoso es irrazonable", remató la Ustr sobre Perú.

¿Otro golpe al Agro?

Las consecuencias de no mejorar esta apreciación de EE.UU. serían mayúsculas para las exportaciones peruanas. La USTR propone aranceles adicionales para todos los productos de las economías investigadas, que podrían variar de entre 10% a 12,5%. Aparte, se propone un mecanismo para el sector textil que permitiría la entrada a EE.UU. de un volumen preestablecido con una tasa arancelaria reducida.

Por ahora, el proyecto que evitaría este efecto se mantiene sin asignar a comisión, aunque Balcázar lo derivó con "carácter muy urgente". Según explicó José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, la legislatura ya acabó, pero el Legislativo aún puede darle prioridad a este tema antes del cambio de Gobierno.

"La Comisión Permanente podría aprobarlo si es que la Junta de Portavoces acepta dispensarlo de todos los trámites y si se reconoce el carácter de urgente. Pueden hacerlo", aclaró.

Al respecto, Rafbael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, consideró inevitable que EE.UU. aplique estas tarifas nuevas, ya que es su nueva vía para "revivir" los aranceles recíprocos, que quedarán inaplicables dentro de poco.

"Ya no pueden ampliar los recíprocos. Esperamos que el Congreso pueda aprobar [el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo] y, [en el peor de los casos], se nos aplique 10% de tasa. Eso sería lo "positivo", entre comillas, porque es lo menor dentro de una aplicación a 60 países con posibles tasas mayores a 12,5%", apuntó.

Zacnich anticipó que el principal impacto sería sobre las agroexportaciones, que ya cargan este año con el fenómeno de El Niño (FEN). “Hoy los precios no están acompañando como pasó en el FEN del 2023. Probablemente tengamos una afectación muy fuerte, todavía no podemos decir cuánto, pero no será solo por volumen, sino también por valor”, advirtió.

Bernal también cree que es poco probable eludir estos nuevos aranceles, ya que, a su criterio, el marco legal propuesto no será suficiente para evitar la reacción de la Ustr.

"EE.UU. quiere explotar ciertos desbalances regulatorios. No creo que solo promulgar la ley haga que salgamos de la lista. Otros países incluidos, como México, ya cuentan con una norma, pero EE.UU. les reclama resultados. Nosotros estamos más atrás aún", sostuvo.