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El FMI indica que los costos fiscales varían en función de la combinación de políticas de ingresos y gastos.
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Gestionar la transición climática exige un acto de equilibrio fiscal con la combinación adecuada de políticas, incluyendo la fijación del precio del carbono
Con el cierre inminente de la oportunidad para combatir el calentamiento global, numerosas naciones están implementando políticas orientadas a la reducción de emisiones. Muchas de estas medidas se basan en el gasto, como el aumento de la inversión pública y la promoción de energías renovables mediante subsidios. No obstante, en ciertos casos estas políticas conllevan considerables cargas fiscales.
La acción climática plantea a los responsables de políticas desafiantes dilemas. Principalmente, basarse en medidas de gasto y ampliarlas para alcanzar los objetivos climáticos resultará cada vez más costoso, potencialmente incrementando la deuda pública hasta 45%-50% del PIB. Esta elevada deuda, junto con el aumento de las tasas de interés y perspectivas de crecimiento más débiles, complicará aún más la gestión de las finanzas públicas. Sin embargo, mantener la situación actual expondrá al mundo al riesgo del calentamiento global. Los países tienen la opción de generar ingresos para aliviar la carga de la deuda a través de la imposición de precios al carbono, aunque depender exclusivamente de esto podría cruzar una barrera política crítica.
Compromiso de política climática
Por lo tanto, los gobiernos enfrentan un trilema político entre lograr objetivos climáticos, sostenibilidad fiscal y viabilidad política. En otras palabras, perseguir dos de estos objetivos tiene el costo de sacrificar parcialmente el tercero. Los gobiernos deben tomar medidas audaces, rápidas y coordinadas, y encontrar la combinación óptima de medidas de mitigación basadas tanto en los ingresos como en el gasto.
Necesidad de políticas inteligentes
A pesar de que ninguna medida individual puede lograr plenamente los objetivos climáticos, el establecimiento de un precio al carbono es esencial, aunque no siempre suficiente, para reducir las emisiones. Las experiencias exitosas de países en diversas etapas de desarrollo, como Chile, Singapur y Suecia, demuestran que los desafíos políticos relacionados con la fijación del precio al carbono pueden superarse. Los conocimientos adquiridos de sus experiencias serán beneficiosos tanto para las casi 50 economías avanzadas y emergentes que ya han adoptado sistemas de fijación de precios al carbono, como para los más de 20 países que están considerando su implementación.
El análisis del FMI indica que los costos fiscales varían en función de la combinación de políticas de ingresos y gastos adoptadas. En su estudio, se observa que, en ausencia de medidas adicionales de ingresos o gastos, la deuda pública en las economías avanzadas podría aumentar en un rango de entre 10% y 15% del PIB para el año 2050.
Implicaciones de deuda de la acción climática
Aunque se estima que el aumento previsto de la deuda en las economías de mercados emergentes como resultado de la implementación de un conjunto de políticas climáticas podría ser similar al de las economías avanzadas, la contribución relativa de diversas medidas de ingresos y gastos difiere significativamente. Esto se debe a la existencia de un mayor potencial de ingresos a través de la fijación de precios al carbono, pero también a necesidades de inversión más elevadas y costos de endeudamiento mayores que están influenciados por el nivel de deuda existente. Las economías con suficiente margen en sus presupuestos gubernamentales podrían hacer frente a esta combinación de políticas.
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