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El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en su reporte “Por una América Latina más segura” informó que algunas estimaciones sugieren que el costo directo del crimen equivale a 3% del Producto Interno Bruto (PIB) por gastos en seguridad y justicia. Por concepto de atención médica y años de vida perdidos, el crimen representa 2% del PIB de la Región. Esto implica un 5% total respecto al PIB de las ciudades evaluadas: Caracas, Cali, San Salvador, Lima, México D.F. y Río de Janeiro.
Los costos directos que tiene el crimen para estas sociedades incluyen una menor esperanza de vida, al igual que consecuencias negativas del delito sobre la salud física y psicológica de las personas afectadas.
En el gasto público, los costos están asociados a la prevención y el control del crimen. Por ejemplo, en el mantenimiento de la policía. También suman a este monto el sostenimiento de las cárceles y el sistema de justicia penal.
Por otra parte, no se pueden olvidar los bienes y las propiedades privadas que se destruyen en el proceso de un asesinato o durante cualquier otro tipo de infracción criminal.
Dada la multiplicidad de canales a través de los cuales la violencia afecta el bienestar de los países de América Latina, es de esperar que el crimen tenga consecuencias cuantitativamente importantes sobre el crecimiento económico de un país.
La encuesta CAF 2013 encontró que 24% de la muestra ha instalado cerraduras de seguridad y rejas. Además, 17% dijo tener perros de vigilancia y un 12% mencionó haber recurrido a cámaras de seguridad, vigilancia privada o alarmas. En total, estas medidas significaron 4% de los ingresos de la población.
El costo de barrios con menos delincuencia
Un método más indirecto para evaluar el costo del crimen es descubriendo cuánto estarían dispuestas a pagar las personas por una reducción en la frecuencia de ciertas ofensas. En Estados Unidos los encuestados reportaron acceder a pagar entre US$100 y US$150 para disminuir 10% de la ocurrencia de los delitos. En Bogotá, los hogares de ingresos más altos están dispuestos a pagar 7,5% más, en promedio, por propiedades ubicadas en lugares más seguros.
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