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En septiembre, Estados Unidos sancionó a 16 miembros de la Corte Suprema, el Consejo Electoral y otras entidades del país por obstruir elecciones “libres y justas” en el país.
Estados Unidos sancionó a 21 funcionarios que, según dijo, apoyaron el esfuerzo del presidente venezolano Nicolás Maduro de desafiar los resultados de una elección que la oposición del país y Washington dicen que perdió.
Los funcionarios venezolanos actuales y anteriores, incluidos ministros del gabinete y sus familiares, así como los niveles superiores de la guardia nacional y los servicios de contrainteligencia del país, apoyaron la represión de Maduro a las protestas después de la votación, dijo el miércoles la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
“Han apoyado y ejecutado las órdenes de Maduro de reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, afirmó el departamento en un comunicado.
Entre los funcionarios se encuentran el ministro de Comunicación, Freddy Ñanez, y William Castillo, quien se ha desempeñado como viceministro de Políticas Antibloqueo.
Estados Unidos también tuvo en la mira a dos familiares del ministro de Justicia, Diosdado Cabello: su hija Daniella Cabello, quien se desempeña como presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela, y su primo Alexis Rodríguez, director de la policía de inteligencia del país.
Por otra parte, el Departamento de Estado pretende imponer nuevas restricciones de visa a individuos “que socaven la democracia, participen en corrupción significativa o violen los derechos humanos del pueblo venezolano”, que según dijo ahora suman casi 2.000.
En una de sus muestras de apoyo más significativas, a principios de este mes Estados Unidos comenzó a referirse al candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien huyó a España en septiembre, como presidente electo de Venezuela.
El mandato actual de Maduro termina el 10 de enero, y la administración entrante del presidente electo Donald Trump deberá decidir hasta qué punto quiere presionar a Maduro. Trump hizo campaña con la promesa de deportar a un gran número de inmigrantes de América Latina, en particular de Venezuela, y para devolverlos en avión sería necesario coordinarse con su gobierno.
En septiembre, Estados Unidos sancionó a 16 miembros de la Corte Suprema, el Consejo Electoral y otras entidades del país por obstruir elecciones “libres y justas” en el país.
Más de 2.400 venezolanos fueron arrestados y 28 asesinados en las protestas en todo el país después de que Maduro se proclamara vencedor en las elecciones de julio. A principios de este mes, el gobierno liberó a 225 detenidos, incluidos menores de edad, una medida que fue vista como una posible rama de olivo.
Venezuela también arrestó a varios extranjeros, incluidos al menos siete ciudadanos estadounidenses, alegando que conspiraron contra el gobierno de Maduro.
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