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La inusual medida fue dada a conocer por un fiscal en la corte federal de Manhattan durante el juicio a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Los fiscales acusan a los dos hombres de intentar usar un aeropuerto venezolano para enviar cientos de kilogramos de cocaína a Honduras, para su posterior traslado a Estados Unidos. Ambos acusados se declararon no culpables.
Para respaldar sus reclamos, los fiscales confiaban en un informante a sueldo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) que se hizo pasar como miembro de un cártel de las drogas mexicano cuando se reunió con los sobrinos en Venezuela.
No obstante, en los meses posteriores al arresto de los sobrinos en noviembre de 2015 en Haití, las autoridades estadounidenses supieron que el informante, José Santos-Peña, y su hijo, otro informante, habían estado mintiendo a la DEA mientras participaban de forma secreta en sus propios negocios de narcotráfico.
Santos-Peña y su hijo se declararon culpables de los cargos de narcotráfico y de mentir al gobierno, por lo que fueron encarcelados. El acuerdo de cooperación que los fiscales dijeron que estaba siendo "invalidado" habría ayudado al padre a evitar seguir cumpliendo pena de prisión.
En la jornada del martes en la corte, Randall Jackson, uno de los abogados de Campo Flores, reprodujo una serie de grabaciones telefónicas hechas en la cárcel con la intención de demostrar que Santos-Peña "continuaba organizando el tráfico de drogas desde la prisión".
Las grabaciones mostraron también que una tercera parte facilitó llamados entre padre e hijo, a pesar de que Santos-Peña dijo el lunes que no podía hablar con él sobre su testimonio y que, de hecho, no lo había hecho desde la prisión.
Tras esto, el abogado asistente Brendan Quigley recordó a Santos-Peña que si mentía, su acuerdo de cooperación acabaría. Acto seguido, le preguntó si "entiende ahora que su acuerdo de cooperación está siendo invalidado" y que no recibirá una carta favorable de los fiscales sobre su sentencia.
"No, señor", respondió Santos-Peña.
"Pues debería", afirmó Quigley.
No quedó claro si la controversia con Santos-Peña, que ganó más de 1 millón de dólares ayudando a las autoridades en varios casos, tendrá un impacto en el juicio. Los fiscales tienen más pruebas, incluido otro testigo cooperante, grabaciones ocultas y mensajes electrónicos de los sobrinos.
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