Ecuador invierte más recursos en combatir la inseguridad, pero las cifras no mejoran

Ecuador fue uno de los países más golpeados por la violencia criminal en América Latina y el Caribe durante 2025, de acuerdo con la Oficina de Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc). El avance del crimen organizado y el rol logístico del país en corredores marítimos ayudan a explicar este reporte.

Asimismo, los robos a personas se han intensificado según las cifras estandarizadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec). Entre los delitos más denunciados están los robos a personas en espacios públicos, seguidos por robos de motocicletas, vehículos y bienes. El Inec reportó que en 2025 (con corte a septiembre) se registraron 267,3 robos por cada 100.000 habitantes. Dentro de ese total, el robo a personas alcanzó 106,2 por cada 100.000 y el robo de motocicletas, 67,4 por cada 100.000.

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El gobierno de Noboa, que se ha destacado por su interés en combatir la inseguridad desde todos los frentes, no ha podido disminuir globalmente las estadísticas de inseguridad en el país.

Ahora bien, los datos del Ministerio de Economía y Finanzas muestran que entre 2023 y 2024 hubo un aumento de 9,1% en el presupuesto gubernamental de seguridad: pasó de US$3.225 millones a US$3.519 millones. Para 2025, este mismo presupuesto aumentó a US$3.900 millones. En términos de ejecución, entre 2020 y 2025 se utilizó casi 94% de lo estimado, aunque hubo variaciones por año.

En 2024, el gasto se repartió principalmente entre Asuntos Internos, con 53,1% y Defensa Nacional con 46,9%. El aumento del IVA de 12% a 15% se presentó como un mecanismo para sostener financieramente este esfuerzo, con el argumento de generar ingresos adicionales anuales para enfrentar esta problemática.

El refuerzo de la presencia policial y militar, consecuencia del aumento presupuestal, suele mostrar impactos más visibles en los llamados delitos de oportunidad, en particular en los robos, que en las violencias asociadas a disputas entre organizaciones criminales.

Bajo ese marco, al contrastar las tasas de robo con el gasto per cápita en seguridad entre 2023 y 2024 se evidencia que un aumento de 1% en el presupuesto ejecutado en 2024 estuvo asociado con una caída de 2,37% en la tasa total de robos. No obstante, este efecto no es uniforme entre las distintas modalidades delictivas. La mayor presencia policial y militar se relacionó de forma más significativa con descensos en los robos de vehículos (−4,19%), a viviendas (−4,00%) y a establecimientos comerciales (−3,59%). En contraste, la asociación fue más moderada en los robos a personas (−1,71%), de motocicletas (−1,45%) y de otros bienes (−2,01%).

Esto demuestra que para disminuir efectivamente y de manera global las cifras de inseguridad no solo se necesitan esfuerzos económicos, también es necesario mejorar control carcelario, investigación criminal y judicialización, reducción de impunidad, persecución de flujos financieros ilícitos y políticas sociales focalizadas en territorios de alto riesgo.