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Daniel Noboa, presidente de Ecuador
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Como parte del proceso, los votantes ecuatorianos serán convocados a elegir una asamblea constituyente a inicios del próximo año
Los ecuatorianos votarán en noviembre si reescribir la constitución, un paso que el gobierno considera necesario para darle herramientas en la lucha contra los carteles de la droga y restaurar el orden.
El jueves, el Consejo Electoral de Ecuador aprobó realizar un referéndum el 16 de noviembre. Una nueva constitución sería el número 21 en la turbulenta historia del país.
Si los 14 millones de votantes de Ecuador respaldan la iniciativa, seguirá un debate legislativo alrededor de un año sobre cómo redefinir las bases legales de la nación en medio de una crisis de seguridad. El auge de las exportaciones de cocaína se ha convertido al país en uno de los más violentos del mundo en los últimos años, mientras que su déficit fiscal lo ha hecho depender de préstamos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales.
El presidente Daniel Noboa prometió una nueva constitución durante su campaña de reelección a inicios de este año, aunque ha dado pocos detalles. Encuestas recientes muestran que su nivel de aprobación supera 50%.
Ha dicho que el sistema legal del país dificulta combatir el crimen organizado y busca limitar el debido proceso y los derechos de privacidad. También quiere restringir los derechos de los prisioneros y destituir a jueces de la Corte Constitucional que, asegura, obstaculizarán la lucha contra el crimen.
Como parte del proceso, los votantes serán convocados a elegir una asamblea constituyente a inicios del próximo año, seguida de un referéndum sobre la nueva carta magna una vez que dos tercios de los legisladores la aprueben.
Ese mismo día también se realizarán votaciones separadas sobre la posibilidad de permitir bases extranjeras en suelo militar ecuatoriano y sobre la prohibición del financiamiento público a los partidos políticos.
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La decisión marca un punto de inflexión en uno de los expedientes más emblemáticos en materia de presunta corrupción y blanqueo de capitales en el país
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