Ecuador busca inhabilitar funcionarios con cuentas en paraísos fiscales

Correa ya recibió la aprobación de la Corte Constitucional, por lo que firmó el decreto que convoca la consulta. La pregunta de esta votación será: "¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza en paraísos fiscales?".

En caso de aprobarse, los funcionarios con cuentas en paraísos tendrán que renunciar a ellas en un plazo máximo de un año, de lo contrario, se les aplicará las sanciones. 

Un escándalo que tocó al Estado

Y es que la divulgación de los conocidos Papeles de Panamá no solamente tocó a los empresarios e inversionistas privados, sino que también afectó en gran medida la legitimidad de varios entes estatales, dada la vinculación de sus funcionarios con las actividades de la firma de abogados Mossack Fonseca.

Uno de los casos más mediáticos fue justamente el del exministro de Hidrocarburos ecuatoriano, Carlos Pareja Yannuzzelli, a quien la fiscalía le abrió una investigación por cohecho, peculado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito tras conocer su presencia en el famoso listado.

A otros funcionarios que ejercían en la estatal petrolera, Petroperú, también se les iniciaron investigaciones por este mismo hecho. Ese es el caso de Álex Bravo, Marco Calvopiña y Arturo Escobar, muy reconocidos en Ecuador, entre otras cosas, por su influencia en las clases políticas.

Pero la investigación podría tener mayores alcances. La parlamentaria ecuatoriana Mae Montaño le había dicho al diario El Universo que debería extenderse hasta Rafael Correa y su vicepresidente, Jorge Glas, debido a que estos dos son responsables de los sectores energéticos en el país.

“La Asamblea no va a actuar, la Comisión de Fiscalización es una comisión de archivo, la Ley de la Función Legislativa le permite a esa mesa archivar las causas, cuando eso debería hacer el pleno”, le habría dicho la asambleísta al medio local a finales de noviembre.

De hacerle caso a las apreciaciones de la parlamentaria, la situación remecería las clases dirigentes del país y podría iniciar un cambio de modelo como consecuencia del rechazo popular.

Vale la pena recordar que, según la base de datos publicada por el Consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, por sus siglas en inglés), de los 200.000 nombres de empresas y particulares presentes, al menos 40 empresas eran ecuatorianas.