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Dos estadounidenses adinerados se enfrentan en una amarga disputa por el puerto de Panamá
Ocean Pacific Investments, la empresa que dirige McKeown, describe el proyecto, Puerto Barú, como el primer puerto “verde” de Panamá
Para el multimillonario gestor de fondos de inversión Louis Bacon, las aguas cristalinas y los ríos densamente arbolados del Golfo de Chiriquí, en el oeste de Panamá, constituyen un oasis ecológico. Para el promotor inmobiliario John McKeown, el golfo es una vía de acceso a mercados potenciales para los preciados productos de la región y un gran impulso para su economía.
Esas visiones contrapuestas son la raíz de una amarga disputa entre los dos acaudalados estadounidenses, quienes afirman defender los mejores intereses de Panamá.
La disputa gira en torno a un puerto de US$260 millones que McKeown pretende desarrollar en la costa del Pacífico panameño, justo al sur de la ciudad de David. Ocean Pacific Investments, la empresa que dirige McKeown, describe el proyecto, Puerto Barú, como el primer puerto “verde” de Panamá, que ayudará a aliviar la presión sobre los centros comerciales de la Ciudad de Panamá y se integrará con las rutas comerciales hacia Norteamérica y Asia. Chiriquí, con una población de alrededor de 500.000 habitantes, es el granero de Panamá, donde se cultivan alimentos como café, papaya y camarones.
La disputa ha escalado hasta la Corte Suprema de Panamá, que está evaluando la aprobación ambiental del puerto luego de que un grupo de organizaciones locales sin fines de lucro la impugnara. El conflicto ya ha derivado en denuncias civiles y penales contra algunas de estas ONG. El resultado determinará el futuro de una zona virgen de Panamá que apenas ha recibido la riqueza que fluye a través de su pujante capital.
Para Bacon, el proyecto supone un riesgo inaceptable.
«Me preocupa que los responsables de este proyecto no tengan experiencia en el desarrollo ni en la operación de puertos comerciales, y aun así propongan un puerto importante en una de las zonas ambientalmente más sensibles de Panamá», escribió en un comunicado a Bloomberg News. «Un simple vistazo al mapa bastaría para darse cuenta de que este no es un emplazamiento adecuado para el desarrollo».
Por su parte, Ocean Pacific afirmó haber abordado los posibles impactos ambientales y que la campaña para detener la construcción del puerto podría estar motivada por intereses personales.
“Si creyera que Puerto Baru causaría un daño significativo a una parte de Panamá, un país que no solo amo sino que considero mi hogar, jamás me habría comprometido ni habría destinado mis recursos al desarrollo de este proyecto”, dijo McKeown en un comunicado.
El sitio en cuestión se encuentra entre los canales serpenteantes que albergan una cuarta parte de los manglares de Panamá. Los manglares y sus densos sistemas de raíces fortalecen las costas, dan refugio a la vida marina y absorben enormes cantidades de carbono.
Ocean Pacific prevé la construcción de un puerto comercial de 124 hectáreas (306 acres). Según Ocean Pacific, sería la mayor inversión privada en la historia de la provincia de Chiriquí, y la zona se beneficiaría no solo del aumento de la actividad industrial, sino también del turismo, ya que contará con un muelle para embarcaciones de recreo. Un estudio económico encargado por la empresa en 2021 estimó que el proyecto podría generar más de 1100 puestos de trabajo.
Seis grupos ambientalistas panameños afirman que la instalación, y el consiguiente tráfico de buques de carga, dañarían irreversiblemente el ecosistema local a través de la contaminación, la agitación del agua y el bloqueo de la luz solar. Juan Carlos Monterrey Gómez, director ejecutivo de la consultora ambiental VANGLabs y exrepresentante especial de Panamá para el cambio climático, declaró que cierto impacto en el medio ambiente local derivado de un proyecto de esta magnitud es inevitable. (Monterrey no está afiliado a ninguno de los grupos que se oponen al proyecto).
Un portavoz de Ocean Pacific afirmó que la compañía “discrepa rotundamente” de que el puerto vaya a causar daños irreparables y aseguró que los posibles impactos fueron “estudiados exhaustivamente y analizados en detalle” como parte de la evaluación ambiental, aprobada hace dos años y comparable, según indicó, a las evaluaciones realizadas para proyectos de infraestructura en Estados Unidos.
El análisis duró cuatro años, según Ocean Pacific, e incluyó una audiencia pública concurrida. El sitio web del proyecto lo describe como diseñado para cumplir con “altos estándares de sostenibilidad”, con paneles solares para cubrir todas sus necesidades energéticas y zonas de conservación específicas.
El portavoz también afirmó que la empresa siempre ha dejado claro que no es un operador portuario y que tiene la intención de asociarse con uno.
Ocean Pacific ha continuado trabajando en el puerto mientras el tribunal examina el caso. Sin embargo, contraatacó a las organizaciones sin fines de lucro, presentando denuncias penales contra dos de ellas por difamación, calumnia y delitos contra la economía.
Poco después, las dos organizaciones sin ánimo de lucro anunciaron que sus cuentas bancarias habían sido congeladas por orden judicial. Incapaces de pagar a su personal o recaudar fondos, luchan por sobrevivir, y sus empleados afirman que estas medidas han atemorizado a otras organizaciones benéficas que, de otro modo, podrían estar denunciando la situación. El caso está generando el mismo temor que las demandas estratégicas contra la participación pública (Slapp, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es intimidar a los críticos, declaró Joana Abrego, exdirectora jurídica y ahora consultora externa de Ciam, una de las organizaciones afectadas.
Ocean Pacific declinó hacer comentarios sobre el litigio en curso.
Una de las razones por las que Ciam y la otra organización sin fines de lucro acusada, Adopta Bosque , pudieron manifestar una oposición tan enérgica desde el principio es Louis Bacon. Este financiero de 70 años amasó una fortuna a través de su fondo de inversión Moore Capital Management y ha invertido parte de ella en tierras y en diversas iniciativas de conservación en todo el mundo. Es el 70.º mayor terrateniente de Estados Unidos, según el Land Report, y ha puesto 94 % de esas tierras bajo servidumbres de conservación, un instrumento legal que prohíbe permanentemente el desarrollo futuro.
El término conservacionista sugiere una gestión discreta, pero ese no es el estilo de Bacon. Cofundó Waterkeeper Alliance, una organización sin fines de lucro anteriormente dirigida por Robert F. Kennedy Jr., cuyo objetivo es hacer cumplir las leyes ambientales. A través de su fundación sin fines de lucro, la Moore Charitable Foundation, a menudo ha adoptado un enfoque activista, colaborando con grupos de defensa locales para oponerse a proyectos cercanos a sus propiedades, como una planta de cemento en Carolina del Norte. Cabe destacar que estuvo involucrado en una amarga disputa de años con Peter Nygard, el desacreditado magnate de la moda canadiense, relacionada con sus propiedades vecinas en las Bahamas .
La disputa por Baru también es personal. Bacon es dueño de Islas Secas , un complejo turístico ecológico con todo incluido ubicado en un archipiélago a unos 50 kilómetros al suroeste del puerto propuesto, donde las tarifas por noche comienzan en US$3,500. Afirmó que el puerto, de construirse, está lo suficientemente lejos como para no afectar directamente a su isla, pero el dragado y la alteración del hábitat tendrían consecuencias en cadena. Aseguró que no lucha contra el proyecto para defender su hotel de lujo, y que su compromiso con Panamá no cambiará aunque el puerto se construya.
Bacon calificó de extraordinaria la acción legal de Ocean Pacific contra las organizaciones sin fines de lucro. «Nunca antes había tenido que apoyar a defensores del medio ambiente que enfrentan sanciones penales simplemente por expresar su preocupación por un proyecto de desarrollo», afirmó. «La persecución legal contra los denunciantes es abominable».
Bacon ha cubierto personalmente los gastos legales de Adopta Bosque y también ha contribuido a financiar la campaña general contra el proyecto, que incluye una petición en línea y un sitio web que explica la misión de las seis organizaciones sin fines de lucro, respaldada por casi cuarenta organizaciones que la apoyan, muchas de las cuales Bacon ha financiado anteriormente por su labor.
Pagó un plan alternativo para el puerto que proponía trasladarlo unos 80 kilómetros al oeste, a la ciudad de Puerto Armuelles, y su fundación financió un análisis de impacto que estimó que el costo ambiental del puerto ascendería a unos US$30 millones en 20 años.
McKeown también tiene vínculos personales con Panamá. Residente a tiempo parcial del país, comentó que su interés por el potencial de Chiriquí como centro marítimo surgió durante una excursión de pesca en alta mar; el capitán tuvo que viajar siete horas para reabastecerse porque no había un muelle adecuado.
Tiene experiencia en la integración de iniciativas empresariales y de conservación. Como presidente de Synergy Oil & Gas, una empresa energética privada con sede en el área de Los Ángeles, contribuyó a la creación de uno de los humedales protegidos más grandes de California , en colaboración con las autoridades, al aceptar el desmantelamiento de un antiguo yacimiento petrolífero en funcionamiento. Antes de Synergy, McKeown fue agente inmobiliario y propietario de varios depósitos de contenedores y logística. Afirmó haber recaudado fondos para Puerto Barú de diversas personas estadounidenses, a quienes prefirió no identificar.
Bacon afirmó haber expresado su preocupación por el proyecto a funcionarios panameños personalmente y a través de su fundación local, y que se puso en contacto con Ocean Pacific ofreciéndoles ayuda para financiar análisis científicos adicionales y un estudio de modelización costera, pero no obtuvo respuesta.
Un portavoz de Ocean Pacific declaró que McKeown intercambió correos electrónicos con Trevor, hijo de Bacon, y concluyó que los nuevos análisis duplicarían un trabajo ya realizado. McKeown afirmó que Puerto Armuelles estaba demasiado lejos de las granjas de la región para ser viable.
El ministro de Medio Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, declaró que el ministerio está legalmente obligado a respetar la aprobación ambiental de Puerto Barú —otorgada por una administración anterior— y que acatará la decisión de la Suprema Corte cuando esta se emita. Se negó a comentar sobre las demandas presentadas por Ocean Pacific contra las ONG, pero afirmó que la naturaleza de dichas demandas preocupa profundamente a los funcionarios del ministerio.
“Panamá es un país democrático”, afirmó. “En el Ministerio de Medio Ambiente valoramos y promovemos la participación ciudadana activa y sólida, así como las contribuciones de la sociedad civil y la comunidad científica a la gestión ambiental”.
Los defensores panameños afirman que el proyecto portuario pone de manifiesto lo que describen como un abismo entre la reputación de Panamá como líder en conservación y medio ambiente y el trato que da a las organizaciones locales sin ánimo de lucro.
“Organizaciones como la nuestra están solas. No contamos con instituciones que nos protejan en esta situación”, declaró Abrego. Dos ambientalistas que se oponen a Puerto Barú prefirieron no ser citados por temor a su seguridad al criticar la postura del estado respecto al proyecto urbanístico.
Esta disonancia no es tan inusual, dijo Monterrey, el ex enviado para el clima, dados los intrincados intereses burocráticos que complican las políticas de la mayoría de los países.
En su opinión, es probable que el puerto no cumpla con las promesas que sus promotores hacen para Panamá. «Estos grandes proyectos suelen presentarse como generadores de empleo y desarrollo», afirmó, «pero a menudo producen conflictos sociales, extraen riqueza de las comunidades y envían las ganancias a otros lugares». Que Ocean Pacific tenga la oportunidad de cambiar esta situación depende ahora del Tribunal Supremo.
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