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La legalidad detrás de los aranceles.
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El presidente convocó hoy a una reunión de emergencia, luego del fallo de un tribunal de apelaciones que declaró ilegales los aranceles
Donald Trump aseguró ayer desde la Casa Blanca que hoy se desarrollará una reunión de emergencia arancelaria, luego del fallo de un tribunal de apelaciones que dejó sin efecto legal la imposición de tarifas globales del “Día de la Liberación”. El presidente aseguró que pedirá un fallo rápido a la Corte Suprema de Estados Unidos. “Si nos quitaran los aranceles, podríamos terminar siendo un país del tercer mundo”, dijo Trump a periodistas el martes. “Así que estamos pidiendo un fallo acelerado”, aseguró el mandatario.
Trump afirmó que Estados Unidos tendría que devolver “billones y billones de dólares” si la Corte Suprema se pone del lado de un tribunal inferior.
“Tendríamos que devolver billones de dólares a los países que nos han estado estafando durante los últimos 35 años, si no se revierte la decisión de aranceles del tribunal”.
“Tendríamos que devolver billones y billones de dólares a los países que nos han estado estafando durante los últimos 35 años. Y no me imagino que eso suceda con base legal. No tienen ninguna base legal”, dijo Trump, refiriéndose a un fallo judicial del 29 de agosto que declaró ilegales sus aranceles.
Había dicho anteriormente que su administración apelaría y sugirió que eso podría ocurrir hoy. La cantidad de dinero en juego es mucho menor de lo que afirma Trump. Hasta el 24 de agosto, se habían recaudado US$65.800 millones por estos aranceles, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Las tarifas generalmente los pagan las empresas importadoras, no los países exportadores.
El último revés judicial aumenta la incertidumbre para los importadores estadounidenses y retrasa los dividendos económicos que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, había pronosticado que generaría la administración. El fallo de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos emitido a última hora del viernes, que declaró ilegales la mayoría de los aranceles de Trump, añade un nivel de complejidad y pone en duda la autoridad del presidente para imponer impuestos a las empresas con el fin de incentivarlas a producir o abastecerse en el país. Los jueces permitieron que los gravámenes se mantengan mientras avanza el caso, lo que amenaza con congelar las decisiones de inversión corporativa hasta que los costos de los aranceles estén más claros.
“Sabemos que estos aranceles seguirán en vigor hasta mediados de octubre como mínimo, y luego Trump probablemente los llevará a la Corte Suprema”, dijo Jennifer McKeown, economista jefa global de Capital Economics, en Bloomberg Television el lunes. “Así que todavía podría haber un retraso muy largo antes de que realmente sepamos qué está pasando”.
Ese calendario no solo representa un freno para el crecimiento, sino también posibles desafíos políticos para Trump, quien ha privilegiado la velocidad sobre la sustancia en la negociación de acuerdos comerciales y prometido que los compromisos de inversión que obtenga derivarán en un renacimiento manufacturero.
“Para cualquier empresa que haga negocios con EE.UU., esto significa que no se tomarán decisiones estructurales corporativas ahora”, dijo Carsten Brzeski, jefe global macro de ING. “Aunque los mercados parecen haberse vuelto insensibles, el fallo judicial traerá de vuelta la incertidumbre”.
En marzo, Lutnick describió un escenario en el que las políticas comerciales de Trump se traducirían en inversiones que impulsarían la construcción. “En el tercer trimestre se empezará a sentir algo de Trump y en el cuarto trimestre se sentirá el poder de la economía”, dijo. Ese sentimiento se está desvaneciendo.
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