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Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constitucional de Chile.
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Según la líder del organismo, el Consejo está definiendo el futuro del país después de una pérdida de confianza en el Estado
El Consejo Constitucional de Chile presentó su propuesta de Carta Magna el martes en una ceremonia que dejó en evidencia la profunda división entre este órgano y un Gobierno que había presionado para lograr cambios mucho más radicales.
La presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, dijo que Chile había quedado sumido en una crisis social y moral por una ola de protestas que comenzó a fines de 2019.
El objetivo de la nueva Constitución —que, según las encuestas, probablemente será rechazada en una votación popular el próximo mes— es restaurar los valores cívicos y un sentido de identidad nacional, además de sentar las bases para una recuperación económica, dijo Hevia, miembro del derechista Partido Republicano.
Según la líder del organismo, el Consejo está definiendo el futuro del país después de una pérdida de confianza en el Estado y sus instituciones.
El presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, que llegó al poder tras esa misma ola de malestar social, pronunció un discurso más moderado donde hizo un llamado a la unidad nacional y garantizó que el Estado organizaría un referéndum libre y justo sobre la nueva Constitución.
Este es el segundo intento de Chile de reescribir una Constitución que data de la dictadura de Augusto Pinochet. La primera propuesta fue rechazada en un referéndum el año pasado en medio de temores de que perjudicaría el crecimiento y daría demasiado poder a los grupos indígenas.
Algunos políticos de izquierda abandonaron la ceremonia del martes diciendo que harían campaña contra la nueva Carta Magna.
Algunos artículos destacados y controvertidos en la propuesta de Constitución son:
Esta declaración tuvo lugar en Cúcuta, durante una manifestación que lideraba en respaldo a la oposición venezolana y Gustavo Petro respondió al exmandatario
Congresistas de Estados Unidos denuncian que las conversaciones han sido poco transparentes, y alertan sobre daños a las inversionistas estadounidenses
El acuerdo busca que la empresa aporte US$4 millones de ayudas para personas y comunidades afectadas por prácticas ilegales
