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La empresa Gas Comunal Carabobo distribuye en el estado el Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico, con normalidad. Josmaire Zapata, gerente estatal, aseguró que el suministro se realiza en todos los municipios, a excepción de San Diego, la parte baja de Naguanagua y la parroquia San José de Valencia, donde el servicio se suspendió por medidas de seguridad ante los focos de violencia que se registran en esas zonas.
La funcionaria explicó que los vehículos cargados de gas no pueden ser sometidos a ningún riesgo de fuego ni a barricadas, ya que podrían generar situaciones de emergencia que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y los transeúntes.
Indicó que informes de inteligencia revelan que existe una planificación para causar una desgracia con un camión cargado de GLP, por lo que la empresa decidió suspender el despacho de gas en las referidas jurisdicciones por medidas de seguridad.
“Un accidente con un camión de despacho a granel o una explosión podría causar pérdidas humanas y graves daños materiales, por lo que no podemos exponer al personal de la empresa ni a la población a este tipo de riesgo”, resaltó.
Manifestó además que durante los días libres por Carnaval, en la autopista Valencia-Campo Carabobo, a la altura de Tocuyito, un grupo intentó secuestrar una góndola cargada que se dirigía a una de las plantas de distribución. “Amenazaron al conductor y querían llevarse el vehículo al sitio donde se llevaba a cabo una manifestación callejera”.
Así mismo, relató que “hace dos semanas un camión de despacho a granel que abastece los edificios del norte de Valencia fue interceptado por un grupo de facinerosos que intentó quemarlo después de espicharle los cauchos. Afortunadamente el conductor logró maniobrar y huyó del lugar, pasando por encima de las barricadas”.
La funcionaria desestimó las aseveraciones de que no hay gas en las plantas, al señalar que “la distribución de GLP está garantizada, sin embargo el estado Carabobo ha sido afectado únicamente por las tomas de las vías ”.
Zapata exhortó a la población a defender su soberanía alimentaria y a rechazar actos vandálicos que afectan el normal desarrollo de las actividades.
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