Corte Constitucional en Ecuador deja vencer dos estados de excepción sin dictamen

Los tiempos de respuesta de la Corte Constitucional frente a las decisiones del Ejecutivo empiezan a dilatarse. Por primera vez, dos estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa terminaron su vigencia sin que el máximo tribunal se pronunciara sobre su validez jurídica.

Se trata de los Decretos Ejecutivos 174 y 175. El primero fue emitido después de que la Corte limitara una medida previa durante el paro nacional, cuando los jueces acotaron el alcance del estado de excepción y la presencia militar en provincias afectadas por las primeras protestas. Sin embargo, en la nueva declaratoria del 4 de octubre no hubo resolución. Aunque la intervención de las fuerzas armadas se intensificó y se registraron denuncias de vulneraciones a los derechos humanos, incluso alertadas por organismos internacionales, la Corte no emitió dictamen alguno.

Con ese decreto, el Gobierno aplicó el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. Las movilizaciones se desactivaron más de dos semanas después, para evitar nuevos choques con la fuerza pública, que ya habían dejado tres fallecidos. Finalmente, fue el propio Ejecutivo quien dio por terminada la medida el 26 de octubre, sin que los magistrados se pronunciaran.

El Decreto 175 tampoco recibió respuesta. Este disponía una prórroga de 30 días al estado de excepción por la crisis de inseguridad en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía. La disposición estuvo vigente entre el 5 de octubre y el 3 de noviembre, cuando expiró automáticamente, nuevamente sin dictamen.

El 4 de noviembre, Noboa volvió a declarar un régimen de excepción en cinco provincias y tres cantones, argumentando el agravamiento de la violencia, en un contexto en el que las cifras apuntan a que 2025 podría convertirse en el año más crítico en materia de seguridad en el país, de mantenerse la tendencia.

Este cambio en la dinámica de la Corte se produce luego de un periodo de confrontación directa por parte del Gobierno hacia los magistrados. El Ejecutivo impulsó campañas públicas en las que se difundieron los rostros de los jueces en grandes vallas, promovió movilizaciones y llegó a intentar el desalojo de la sede del tribunal bajo el argumento de una amenaza de explosivos. Además, se lanzaron acusaciones y señalamientos reiterados en espacios públicos y redes sociales.

A esto se han sumado diversas iniciativas impulsadas por el presidente para modificar la Constitución, con el propósito de reducir las atribuciones de la Corte o limitar su rol como contrapeso institucional. Paralelamente, el discurso oficial ha insistido en responsabilizar al organismo de bloquear decisiones del Ejecutivo, a pesar de que las competencias del tribunal incluyen precisamente la revisión y control de constitucionalidad.