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Así lo dio a conocer el próximo jefe del Grupo Aeroportuario del presidente electo.
Las contratistas del cancelado aeropuerto de US$13.000 millones de Ciudad de México descartaron presentar una demanda contra el próximo gobierno del país, señaló el futuro titular de la empresa estatal que controla el sector aeroportuario en la capital.
Los timoneles de empresas con contratos multimillonarios celebraron una "reunión amistosa" con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y dos asesores principales, comentó el martes, el próximo jefe del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, Gerardo Ferrando, en una entrevista con Radio Fórmula. Entre los asistentes al encuentro del lunes se cuentan la presidenta ejecutiva de Empresas ICA, Guadalupe Phillips, el máximo ejecutivo de Grupo Carso, Antonio Gómez, y Carlos Hank Rhon de La Peninsular.
"Nadie quiere una batalla legal", afirmó Ferrando, quien encabezará el GACM cuando López Obrador asuma el cargo el próximo mes. "Me reuniré con las contratistas nuevamente esta semana para analizar los detalles".
López Obrador canceló el aeropuerto el mes pasado luego de que casi 70% de los 1,07 millones de participantes en un referéndum nacional sobre el proyecto votara en contra. El presidente electo había hecho campaña contra la terminal, uno de los mayores proyectos de infraestructura de México, diciendo que era un desperdicio de dinero y que estaba plagada de corrupción. Las obras ya habían comenzado en el recinto, que iba a reemplazar el congestionado aeropuerto actual de la capital.
No fue posible contactarse ni con ICA ni con Carso, controlada por el multimillonario Carlos Slim.
Alternativa que genera cuestionamientos
El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y el próximo titular de Hacienda, Carlos Urzúa, también asistieron a la reunión, según medios locales.
El gobierno entrante indicó que una opción sería transferir los contratos para construir el aeropuerto a un nuevo proyecto que contempla la conversión de una base militar en Santa Lucía, pero algunos expertos rechazan esa alternativa.
"No es legal", aseguró Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado de Ciudad de México que se especializa en derecho constitucional. "Los contratos tienen que pasar por licitaciones públicas y, legalmente, los contratos actuales están vinculados al proyecto del aeropuerto".
Si uno de los motivos por los que López Obrador canceló el aeropuerto fue porque estaba preocupado por la corrupción, no tiene sentido transferir los contratos a Santa Lucía, explicó Juan Francisco Torres, socio del bufete de abogados Hogan Lovells.
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