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La ley aseguraría que se genere un listado de entidades que operan con criptomonedas, que quedarán reguladas por el BC
La senadora colorada Carmen Sanguinetti y el nacionalista Juan Sartori comparecieron hace dos semanas a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores para explicar generalidades sobre por qué pretenden regular las criptomonedas.
¿Qué son las criptomonedas? Son un activo digital representados por una unidad de valor que no existen de manera física y se almacenan en una billetera digital. No están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. Se usa una base de datos descentralizado o un registro contable compartido, más conocido como blockchain.
Esta tecnología asegura que una criptomoneda no se pueda transferir en dos ocasiones, su movimiento sea inalterable, y tampoco es posible que sea falsificada.
Las criptomonedas necesitan de "mineros". Son quienes ponen sus computadoras a disposición de la cadena de bloques para que esas transferencias puedan ejecutarse. Esos mineros reciben comisiones a cambio por cada transferencia y ya hay muchos que lo hacen en el país.
El mercado fue creado en 2009 por Satoshi Nakamoto, quien creó el bitcoin. A noviembre de 2016 el mercado poseía un valor de capitalización equivalente a US$0,014 billones y a noviembre de 2021 tiene un valor equivalente a US$2,86 billones.
¿Por qué regular?
"Es una realidad gigantesca", resumió Juan Sartori en esa comisión. "En un extremo China lo prohíbe y del otro lado está El Salvador que lo hace moneda de curso legal, pero creo que son dos ejemplos inconvenientes. Sin embargo, Uruguay puede ir por una regulación responsable para generar una nueva industria en nuestro país", agregó.
Agustina Pérez Comenale, abogada especializada en nuevas tecnologías, y que acompañó a Sartori en las reuniones legislativas, explicó a Cromo que la tecnología "siempre va a ser descentralizada". Lo que se intentan hacer con estos proyectos es que estas leyes "den seguridad" a los usuarios "entre tanto libertinaje".
"El que es criptoevangelista está en contra de esto. Quiere que no haya nada de regulación y todo se opere en base a la confianza, que es un lema muy tentador pero parece un poco utópico, porque no todos actúan de buena fe. Porque hay quienes utilizan criptomonedas en actividades ilícitas que son muy difíciles de controlar", comentó Pérez Comenale.
Sanguinetti asegura que esta regulación es importante para "proteger a los consumidores e inversores, así como la integridad de los mercados financieros, con relación a la estabilidad financiera".
La legisladora entiende la importancia de que regular ayudaría a "mitigar los riesgos" vinculados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
Otra razón es que ayudaría a la dinamización del sistema de pagos. "Disminuye el costo por transacción para un individuo respecto de una operación tradicional y por el tema vinculado con la mayor velocidad", comentó.
La ley aseguraría que se genere un listado de entidades que operan con criptomonedas, que quedarán reguladas por el Banco Central. "En el proyecto se le conceden facultades para reglamentar las operaciones y las actividades a los principales agentes del mercado de cripto. Las normas se incorporarán a la reglamentación existente: la carta orgánica del BCU", manifestó Sanguinetti.
Sartori agregó que las empresas que han surgido en esta industria tienen como máximo cinco años y manejan un volumen de dinero "gigantesco", de "cientos de miles de millones de dólares". "Ellas son las que están buscando una regulación justamente porque no encuentran en el mundo un lugar donde puedan operar de manera normal", dice.
El legislador blanco dijo que han hablado con las 20 empresas "más grandes del mundo" y "todas" están dispuestas a venir a instalarse con el marco regulatorio que Uruguay imponga "en el muy corto plazo".
Los asesores legales que ayudaron a elaborar esta ley aseguran que regular sobre el asunto es indispensable para cumplir con las recomendaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el denominado G-7, actual G-20, que busca adoptar medidas para combatir el lavado de dinero.
El sector de innovación del Banco Central está trabajando sobre estos asuntos, según informó el organismo el 1° de octubre. "Hacia el cierre del presente año se elaborará una propuesta de modificación a las disposiciones legales vigentes que establezca un marco claro para avanzar hacia la regulación de estas actividades", aseguró en un comunicado de prensa.
La opinión de Bergara
Mario Bergara, presidente de la Comisión de Hacienda, quien fue presidente del Banco Central en la administración anterior, dijo que le parece "muy bien" que Uruguay aborde el tema, porque siempre estuvo a la vanguardia en abordar este tipo de temas.
Pero hizo una salvedad: "Hay que ser muy cuidadosos sobre qué alcance tiene la regulación de este tipo de mercados, que son de muy difícil control –por lo que ya existe y por la perspectiva de explosión tecnológica que esto puede traer– para que no se traduzca en responsabilidades del Estado sobre algo que, básicamente, tiene ínfimas posibilidades de efectivo control. Este es un proceso internacional, global".
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