Posibilidad de que el sector privado negocien directamente con las farmacéuticas depende de la demanda y de las agencias sanitarias

Sebastián Montes

Tras el anuncio de la llegada de vacunas contra el covid-19, la principal preocupación de los gobiernos regionales se centró en lograr acuerdos bilaterales con las farmacéuticas antes de que las dosis comenzaran a escasear. No obstante, resolver este asunto solo abrió la puerta a una incógnita mucho más seria: ¿qué papel jugaría el sector privado en la distribución de los medicamentos?

Si bien la mayoría de naciones de América Latina ya tienen acuerdos bilaterales con las farmacéuticas o están incluidas dentro de la iniciativa Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo Argentina, Costa Rica, Chile y México están llevando a cabo jornadas de vacunación en la actualidad (ver gráfico). En el caso de naciones como Brasil, las vacunas administradas en su territorio se dieron en medio de pruebas clínicas de diferentes empresas.

Frente al proceso público de la llegada de las vacunas a una nación, cada laboratorio que las produce debe acudir ante la agencia sanitaria del país en cuestión para obtener el registro y la autorización de suministro para su población. Una vez que el Gobierno avala este procedimiento, firma con la empresa un convenio bilateral para que la farmacéutica entregue las dosis de la vacuna. Esto permite que el Gobierno por sí mismo distribuya el medicamento y el sector sanitario lo suministre.

LOS CONTRASTES

  • Ignacio MartínezCoordinador del Lacen de la Unam

    “Será hacia mediados de marzo, cuando ya se haya cubierto la demanda de los gobiernos, que estarán en puerta el suministro y la venta a las empresas privadas”.

  • Raúl GallegosDirector de Control Risks

    “En este momento la presión es tal para que la vacuna sea dirigida a los gobiernos, que no será fácil para el sector privado tener una fuente alterna de vacunas”.

Para el caso de las empresas privadas vendría un acuerdo de compraventa entre particulares, de compañía a compañía, teniendo en cuenta que la vacuna ya está autorizada por la agencia sanitaria nacional. Asimismo, la farmacéutica que vende la vacuna al país también debe estar registrada ante dicha entidad, y a su vez, esa misma organización es quien estará revendiendo a otros particulares.

Esto quiere decir que si la empresa privada está afiliada a la agencia sanitaria, puede negociar directamente con cualquier farmacéutica la importación de vacunas, siempre y cuando exista un acuerdo bilateral con la Nación. En cuanto al momento en que se suministren las dosis, esto dependerá del nivel de demanda que tenga la compañía.

En México, esta autorización ya está vigente. Pero, el momento en que las empresas privadas puedan acceder a las vacunas dependerá de la farmacéutica con la que se tenga el acuerdo bilateral, que en este caso es Pfizer.

“Las empresas en México tienen que estar avaladas en la agencia sanitaria del país, que en este caso es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para comprar directamente con Pfizer. No es el laboratorio o la farmacia quien puede adquirir por sí misma, sino que debe ser una empresa farmacéutica que pueda importar y a su vez distribuir a particulares”, aseguró el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ignacio Martínez.

Para el director de Control Risks, Raúl Gallegos, el factor de la disponibilidad de la vacuna agrega, hasta cierto punto, un poco de complicación, porque “habrá varios Estados a la vez tratando de obtener recursos limitados, y eso hace que sea un proceso lento, desigual y que va a llevar a grandes capas de población en todo el mundo a que esperen por mucho tiempo”.

La transparencia será clave
Uno de los componentes más importantes de los gobiernos va a ser la transparencia en la obtención y distribución de la vacuna. Para Gallegos, lo más probable es que diferentes organizaciones sociales traten de presionar a los gobiernos para ello, pero aparte de esta técnica, “será difícil hacer algo más”. Esto se evidenció en México, cuando el Gobierno de Andrés López Obrador especificó que los contratos se reservarán durante cinco años para “no afectar las negociaciones con las farmacéuticas”.