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Índice global de crimen organizado
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América Latina concentra varios de los países con mayor índice de criminalidad organizada, lo que sugiere dinámicas transnacionales interconectadas
¿Qué significa para un país aparecer en el segundo lugar mundial en criminalidad organizada? El Índice Global de Crimen Organizado 2025 ubicó a Colombia en el puesto dos entre 193 países, con una puntuación de 7,82 sobre 10, apenas por debajo de Myanmar (8,08). El dato confirma una tendencia sostenida que mantiene al país como el primero en América y en América del Sur en niveles de economías ilícitas y estructuras criminales consolidadas.
El índice, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, no mide únicamente homicidios ni capturas recientes. Evalúa la profundidad del crimen organizado a partir de dos grandes dimensiones que pesan por igual: los mercados criminales, como narcotráfico, trata de personas, extorsión, minería ilegal, tráfico de armas, delitos ambientales y financieros, y los actores criminales, es decir, las organizaciones que sostienen esas economías: mafias, redes transnacionales, grupos armados y estructuras infiltradas en el Estado.
“Las calificaciones de crimen organizado elevan los costos de transacción para el capital extranjero: los seguros, la logística y la gestión de riesgo político se encarecen”.
La posición de Colombia no solo es alta, sino que viene en ascenso. En 2021 el país registraba un puntaje de 7,66; en 2023 subió a 7,75; y en 2025 alcanzó 7,82, lo que representa un incremento de 0,07 puntos en los últimos dos años. Aunque el aumento pueda parecer marginal, en una escala de 0 a 10 y entre 193 países, cada décima refleja una mayor consolidación de economías ilegales y redes criminales.
En el ranking global, los primeros cinco lugares están ocupados por Myanmar (8,08), Colombia (7,82), México (7,68), Ecuador (7,48) y Paraguay (7,48). Más abajo, pero también en posiciones relevantes, aparecen Brasil (14.º), Venezuela (20.º) y Panamá (21.º). En contraste, los países con menor criminalidad organizada son Tuvalu (1,53), Nauru (1,72) y Santo Tomé y Príncipe (1,8), lo que evidencia una brecha significativa frente a las naciones latinoamericanas mejor posicionadas.
Luis Felipe Vega, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, subrayó que el alto puntaje colombiano responde a la convergencia de tres factores estructurales que ningún otro país de la región combina simultáneamente: ser el mayor productor mundial de cocaína, contar con grupos armados organizados de vieja data y proyección transnacional, como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN, y disponer de corredores estratégicos que conectan producción, tránsito y exportación hacia mercados globales.
Francisco Bernate Ochoa, profesor titular en Derecho Penal, coincide en que el índice mide una realidad acumulada en el tiempo. “En el caso de Colombia, lo que vemos es una combinación de muchos mercados ilegales activos y organizaciones criminales bastante fuertes, y eso termina elevando el resultado final”, puntualizó.
Uno de los aspectos clave es que el índice no se limita a medir violencia letal. Aunque Colombia haya mostrado avances en reducción de homicidios en determinados periodos, eso no necesariamente implica una disminución del crimen organizado. En la práctica, mientras algunos indicadores de seguridad mejoran, las economías ilícitas se transforman y diversifican.
La expansión hacia minería ilegal, tráfico de oro, extorsión, delitos financieros y cibercrimen ha compensado los avances en seguridad convencional. Además, según Vega, existe una desarticulación entre los Planes Integrales de Seguridad y las capacidades de las entidades territoriales para implementarlos.
El informe revela un patrón regional. América Latina concentra varios de los países con mayor índice de criminalidad organizada, lo que sugiere dinámicas transnacionales interconectadas. La consolidación de Ecuador como corredor estratégico del narcotráfico, la expansión de redes criminales brasileñas y la fragmentación de estructuras en Venezuela generan efectos que fortalecen indirectamente las redes colombianas. Más allá de la seguridad, la posición en el ranking tiene implicaciones económicas. Aunque no se traduce en fuga de capitales, sí influye en percepción de riesgo.
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