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Esta propuesta fue presentada por el director de la División de Desarrollo Económico del organismo regional, Daniel Titelman. Según explicó, en 2013, diez países del Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas) tenían porcentajes de deuda pública total que se situaban en un rango de entre 76 y 130% de su Producto Interno Bruto (PIB), por encima de los límites sobre los cuales se considera que la deuda es sostenible.
La deuda pública total, tanto interna como externa, en quince países del Caribe (los diez citados, más Anguila, Guyana, Montserrat, Surinam y Trinidad y Tobago) ascendió a cerca de US$50.000 millones, equivalentes a 72% del PIB subregional.
De ese monto, unos US$30.000 millones corresponden a deuda interna y cerca de US$18.000 millones, a deuda externa, de la que 46% ha sido contraída con acreedores privados y 54%, con acreedores públicos.
La Cepal subraya que estos elevados porcentajes de deuda reflejan las vulnerabilidades económicas y ambientales de estos países y se han convertido en un lastre para el desarrollo de los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS en sus siglas en inglés, definición que incluye también a algunos países no insulares que enfrentan desafíos similares).
Como ejemplo de ello, se calcula que entre 2000 y 2014 los desastres naturales causaron daños estimados en al menos US$27.000 millones en los países del Caribe anglófono.
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