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El proyecto, concebido como una solución urgente a los problemas energéticos del país, se ha convertido en un foco de sobrecostos y riesgos operativos
Un informe técnico y financiero de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec, advierte que completar y poner en operación la central termoeléctrica Esmeraldas III podría requerir hasta US$52,6 millones adicionales, recursos que se sumarían a los montos ya desembolsados en un proyecto que hasta ahora no ha generado energía.
La central fue contratada a la empresa Austral Technical Management por US$89 millones y estaba diseñada para aportar 91 megavatios al sistema eléctrico nacional como parte de la respuesta a la crisis energética. Sin embargo, tras once meses de retraso, la planta no ha entrado en funcionamiento, pese a que ya se han pagado alrededor de US$71,4 millones, cerca de 80% del valor del contrato.
El documento detalla fallas técnicas de gran magnitud. De los 48 motores previstos, 16 no superaron las pruebas de generación, otros 30 presentan incompatibilidades con la red eléctrica ecuatoriana y dos unidades estarían dañadas. Además, la infraestructura permanece incompleta, con elementos clave —como tuberías y tanques de combustible— aún sin instalar.
Solo para corregir los problemas eléctricos y adaptar los equipos al sistema nacional, sería necesaria una inversión adicional de US$23,5 millones, destinada principalmente a la sustitución o modificación de alternadores y a garantizar el funcionamiento a 60 Hz, la frecuencia requerida en el país.
Ante este escenario, Celec analiza la terminación unilateral del contrato, lo que implicaría iniciar procesos de liquidación y definir responsabilidades económicas. El informe señala que los costos adicionales podrían trasladarse al contratista en caso de una rescisión, aunque la decisión final dependerá de evaluaciones jurídicas y técnicas.
La central Esmeraldas III ya había sido considerada inviable por la propia empresa estatal debido a los retrasos acumulados, las deficiencias técnicas y la incertidumbre sobre la operatividad de los equipos restantes. El proyecto, concebido como una solución urgente a los problemas energéticos del país, se ha convertido en un foco de sobrecostos, riesgos operativos y cuestionamientos sobre su gestión, con impactos financieros relevantes para el sector eléctrico ecuatoriano.
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