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La decisión de la Corte Suprema de Chile de suspender indefinidamente la construcción de la Central Castilla (la termoeléctrica más grande de Suramérica) porque no cumplía con los requisitos ambientales, generó fuertes opiniones de parte de las autoridades chilenas y los expertos en el tema.
La decisión de la corte implica que la inversión de US$5.300 millones que iba a hacer el grupo MPX, que cuenta con capital brasileño del multimillonario Eike Batista y de la alemana E.ON, se pusiera en riesgo. La empresa dijo que a raíz de esta decisión judicial “la compañía volverá a evaluar su estrategia de negocios en Chile”.
Las bases de la corte para suspender la construcción están en unos recursos presentados por la comunidad de la región de Atacama, y obliga a la empresa inversionista a que presente otro Estudio de impacto ambiental, para determinar el verdadero alcance del peligro al hábitat.
El ministro de Energía de Chile, Jorge Bunster, fue enfático al decir que “no es posible aspirar a ser un país desarrollado y no querer desarrollar los proyectos de energía” que se necesitan para alcanzar esa meta.
A su vez, Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile dijo que “la paralización del proyecto impactará negativamente el futuro desarrollo del país, en particular de la minería” y su inversión.
A esto, Fabio Moscoso, experto en competitividad de la Universidad EAN, respondió que la inversión extrajera sí se puede ver afectada, pero es porque “no hay una normatividad sólida en cuanto a lo ambiental. Cuando las empresas internacionales quieren venir a la región no encuentran un marco jurídico sólido”.
En efecto, en la actualidad los conflictos ambientales y sociales de la mineras y empresas energéticas están ‘de moda’ en la región y tienen detenidos algunos proyectos en países como Perú, Chile y Argentina. El de Castilla y el de Minas Conga en Perú, son los que sobresalen por el tamaño de las inversiones que han hecho las multinacionales.
“Cualquier proyecto tiene que respetar los recursos naturales de un país. Si los pierde de vista terminará generando costos adicionales que tendrán repercusiones sobre su efectividad”, añadió Moscoso.
Los expertos consultados por LR aplauden el fallo de la corte de Chile. “Esta fue una suspensión hasta que se presente otro fallo ambiental. Esto no es un triunfo de nadie. Es muestra de una institucionalidad que funciona que no mata el proyecto sino que solo lo condiciona”, dijo Eduardo Chaparro, director de la Cámara Asomineros de la Andi.
“Los inversionistas tienen que aceptar que esas son las reglas de juego. Todos ellos saben que es una oleada mundial y están contemplado entre las contingencias”, agregó.
Por su parte, para Ricardo Arquez, experto en asuntos mineros de la Universidad del Rosario, estos conflictos se producen por la falta de gestionen los procedimientos ambientales, pero estos no son un obstáculo para crecer.
“Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, no será posible que el progreso se estanque por consideración de lo ambiental. Se deben cumplir con las medidas establecidas en los planes de manejo”, dijo.
Estructura de MPX y la participación de Eike Batista
El grupo MPX tiene participación en proyectos de explotación de recursos naturales, termoeléctricas y proyectos de energía renovable, principalmente en Brasil. El control de este grupo lo tiene Eike Batista con un 54% de las acciones. A su vez las empresas Free Float y E.ON también tienen participación.
Con esta última, de origen alemán, MPX decidió aliarse a partes iguales para desarrollar proyectos como la termoeléctrica Central Castilla en Chile. Al prever los conflictos sociales que se generarían, la empresa ofreció una compensación de US$17 millones a la comunidad, pero fue rechazada.
Las opiniones
Ricardo Arquez
Experto en asuntos mineros de la U. del Rosario
“Con los conflictos ambientales se deben replantear los modelos de abordar la gestión e implementar las políticas públicas”.
Eduardo Chaparro
Director de la Cámara Asomineros de la Andi
“Esta suspensión no es triunfo de nadie. Es muestra de una institucionalidad que funciona que no mata el proyecto sino que solo lo condiciona”.
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