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El gerente de LaMia, Gustavo Vargas, y otros dos empleados de la aerolínea con sede en Bolivia fueron llevados a la oficina del fiscal en Santa Cruz, donde fueron sometidos a un interrogatorio de hasta ocho horas como parte de la investigación del desastre.
La caída del avión dejó 71 personas muertas y otras seis resultaron gravemente heridas después de que la aeronave aparentemente se quedó sin combustible.
Bolivia pidió también a Brasil que expulse a una controladora de tráfico aéreo boliviana, quien viajó al país para entregar a las autoridades información sobre el siniestro del avión en Colombia.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, dijo que Celia Castedo eludió ilegalmente los controles migratorios al salir del país en un intento por escapar de la justicia.
El funcionario dijo que Castedo era buscada en el marco de una amplia investigación sobre la autoridad aeronáutica de Bolivia tras el desastre del 28 de noviembre.
"No hay ningún argumento para sustentar una solicitud de refugio", dijo Romero en una conferencia de prensa. "Si la salida ha sido ilegal, el ingreso a Brasil también es ilegal. Lógicamente, en estos casos debería aplicarse un procedimiento de expulsión automática", argumentó.
Fiscales federales de Brasil dijeron en la noche del lunes que la mujer había acudido a ellos en la ciudad fronteriza de Corumba, luego que la autoridad aeronáutica boliviana la acusó de negligencia.
El canal brasileño de televisión Globo reportó que Castedo busca asilo en Brasil y que ella cuestionó el plan de vuelo del avión al mostrar que la ruta elegida superaba los límites de la aeronave.
Además hay tres citaciones para personas de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) de Bolivia, que comparecerán ante los fiscales que investigan el caso.
El miércoles está previsto que una comisión de fiscales de Brasil y Colombia arribe a Santa Cruz para indagar e intercambiar información sobre el siniestro.
Bolivia, que reemplazó a la administración de su autoridad aeronáutica para asegurar una investigación transparente, anunció drásticas sanciones en caso de hallar irregularidades en la cesión de la licencia de operaciones a LaMia y al personal que autorizó la salida del avión desde Viru Viru sin considerar los requisitos de autonomía de vuelo.
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