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El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, expresó su respaldo a la fiscal y reiteró que se trata de un episodio inaceptable en un Estado de derecho
Las autoridades de Uruguay investigan un grave atentado ocurrido en la madrugada del domingo contra la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Según la información oficial, dos individuos ingresaron a la residencia de la funcionaria y realizaron varios disparos, lo que causó daños materiales en el lugar, aunque sin dejar personas heridas.
El ataque ha generado una fuerte conmoción política y social en el país, al considerarse un hecho de enorme gravedad institucional que atenta directamente contra la independencia y seguridad del sistema judicial.
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani expresó su respaldo a la fiscal y reiteró que se trata de un episodio inaceptable en un Estado de derecho. Por su parte, el ex presidente Luis Lacalle Pou informó que se comunicó con el actual mandatario Yamandú Orsi para abordar la situación y subrayó que, en este tipo de hechos, no debe haber diferencias políticas, ya que está en juego la institucionalidad democrática.
A su vez, miembros del Partido Nacional, como el senador Javier García, calificaron el atentado como un hecho de “gravedad institucional incalculable”, mientras que el presidente de esa colectividad, Álvaro Delgado, lo describió como un ataque directo a la institucionalidad del país.
Aunque la fiscal resultó ilesa, el atentado plantea serias interrogantes sobre la seguridad de los funcionarios judiciales en Uruguay y sobre las motivaciones detrás del ataque. Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas balísticas y en el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables, al tiempo que se estudia si este episodio puede estar vinculado con procesos judiciales en curso que involucran a grupos de alto poder.
La investigación busca esclarecer un hecho que, más allá de su dimensión criminal, representa un desafío al sistema democrático y exige una respuesta contundente del Estado para garantizar la protección de quienes ejercen funciones clave en la justicia.
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