Asamblea Ecuador deja en manos de justicia ordinaria posible juicio penal a Correa

La Asamblea de Ecuador declaró el jueves improcedente un pedido para que autorizara el enjuiciamiento del expresidente Rafael Correa en un proceso penal por el supuesto secuestro de un político opositor, por lo que la justicia ordinaria deberá resolver el polémico caso.

La Fiscalía aseguró esta semana que tiene pruebas para investigar a Correa por un hecho ocurrido con el exlegislador Fernando Balda en el 2012 en Bogotá, ciudad donde residía para evadir una sentencia emitida por la justicia ecuatoriana en su contra por calumnias al exmandatario.

“La Asamblea declaró improcedente el pedido de la jueza para autorizar el enjuiciamiento penal al expresidente Rafael Correa”, dijo la entidad en un comunicado, al informar que la petición se devolvió a la jueza que realizó la consulta.

La resolución, en la que la Asamblea aclaró que la autorización procede únicamente cuando el presidente está en funciones, fue adoptada con 83 votos a favor de los 98 asambleístas presenten en la reunión.

El caso despertó una fuerte polémica entre los asambleístas afines a Correa, que el jueves lideraron una protesta callejera, y los que respaldan al presidente Lenín Moreno.

“Una mayoría parlamentaria se burla de la Constitución y la justicia y en lugar de autorizar el levantamiento de la inmunidad se declaran incompetentes. Todo debería ser nulo”, reclamó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

“¡Qué te están haciendo, Patria querida!”, agregó al solidarizarse con asambleístas de su movimiento político que resultaron agredidos durante la protesta en las inmediaciones de la Asamblea, que permaneció resguardada por policías.

Balda, quien actualmente vive en Quito, acusa a agentes de inteligencia de Ecuador ordenados por las máximas autoridades del Gobierno de Correa de haber planificado su secuestro y ha vinculado a policías colombianos como autores del hecho.

Tanto la Fiscalía como la Asamblea han dicho que su actuación dentro del caso está apegada a la ley y han descartado que sea una persecución política como aseguran Correa y sus seguidores.