La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una polémica ley de comunicación que regula contenidos relacionados con violencia e implementa sanciones para los periodistas y medios, lo que ha despertado preocupación de varios organismos internacionales y opositores.
La norma legal, planteada por el movimiento político oficialista, fue aprobada en diferentes votaciones y tuvo el respaldo de entre 108 y 110 asambleístas de los 135 presentes en la reunión del Poder Legislativo, tras casi cuatro años de debate.
El presidente Rafael Correa ha tenido tensas relaciones con diarios y canales de televisión privados en sus seis años de gestión y ha insistido en la urgencia de contar con un marco legal para ordenar a los medios de comunicación.
El popular mandatario ha calificado a los medios como "sicarios de tinta" y "bestias salvajes" y los considera un fuerte poder económico, ubicándolos dentro de sus mayores opositores.
La ley plantea la creación de un consejo de regulación, integrado en su mayoría por representantes del sector público, que deberá regular el contenido de los medios relacionados con violencia o que sean discriminatorios.
El mismo consejo impondrá sanciones para los medios que difundan estos contenidos que van desde disculpas públicas por parte de los editores hasta fuertes multas económicas.
Mientras que una Superintendencia de la Información será la encargada de hacer cumplir las sanciones y la normativa en materia de comunicación.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Unesco han expresado su preocupación por los cambios legales impulsados por el movimiento oficialista y el Gobierno.
La ley incluye el concepto de "linchamiento mediático" para prohibir la difusión de información para desprestigiar a una persona o empresa, o reducir su credibilidad pública.
También plantea la redistribución de frecuencias de radio y televisión, en un intento por promover la "socialización y democratización" de la comunicación en la nación sudamericana.
El texto aprobado por la Asamblea Nacional pasará a manos de Correa, quien tendrá la potestad de ratificarlo o realizarle cambios antes de su vigencia.
