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Amnistía migratoria en España satura los servicios y provoca avalancha de solicitantes
La falta de información y de financiación estatal para el proceso podría descarrilar la amnistía masiva anunciada por el Gobierno
La nueva iniciativa del Gobierno español para acelerar la regularización de al menos medio millón de inmigrantes indocumentados ya ha sobrecargado las oficinas de inmigración y ha generado inquietud entre los posibles solicitantes semanas antes de que comience el proceso, según han informado una decena de sindicalistas, abogados e inmigrantes.
La falta de información y de financiación estatal para el proceso podría descarrilar la amnistía masiva anunciada por el Gobierno español el mes pasado, según dos personas involucradas en la iniciativa, que es la última entrega de la política migratoria relativamente inclusiva a la que se atribuye el auge económico de España en los últimos años.
El Gobierno español ha dicho que la campaña se desarrollará desde principios de abril hasta junio, pero ha dado pocos detalles sobre el proceso de solicitud o la documentación necesaria. El Ministerio de Migraciones dijo en su página web en enero que no se había destinado ningún presupuesto ni personal adicional para el aumento previsto de solicitudes.
Esto ha inquietado tanto a los migrantes que aspiran a aprovechar la ventana de legalización como a los trabajadores de primera línea de las oficinas de inmigración, que ya están sobrecargados con un retraso de meses.
"Nuestras oficinas están completamente colapsadas. Si no hay más personal, si no hay refuerzo tecnológico, sin más dinero, esto es imposible", dijo César Pérez, líder sindical en las oficinas de extranjería españolas.
Pérez dijo a Reuters que la mayoría de sus compañeros seguían trabajando en las solicitudes de regularización presentadas en junio de 2025.
El Gobierno español publicó el mes pasado un documento preliminar sobre la campaña. Un borrador inédito del decreto completo, con fecha del 18 de febrero y al que ha tenido acceso Reuters, decía que se desarrollaría "un procedimiento específico, preferencial y diferenciado" para la ventana de legalización, pero no proporcionaba detalles.
Los ministerios de Inclusión, Interior y Política Territorial de España se negaron a responder a las preguntas detalladas de Reuters. Un portavoz del ministerio responsable de la migración dijo que el decreto definitivo aún se estaba elaborando.
Mientras otros países europeos endurecen sus fronteras, el Gobierno socialista español ha seguido defendiendo la migración, a la que los economistas atribuyen la mayor parte del rápido crecimiento económico del país en los últimos cuatro años.
Los Gobiernos anteriores, incluidos los liderados por conservadores, han ofrecido múltiples campañas de amnistía masiva en las últimas décadas. La mayor fue en 2005, cuando se concedió la regularización a 570.000 personas que pudieron demostrar que tenían contratos de trabajo formales.
Existe un incentivo para la regularización: según estimaciones oficiales, España necesita aproximadamente 2,4 millones de personas más que coticen a la seguridad social durante la próxima década para mantener su estado del bienestar.
Sin embargo, las disputas con los partidos minoritarios han desintegrado la mayoría del actual Gobierno en el Congreso de los Diputados. El estancamiento resultante ha impedido a los legisladores aprobar un presupuesto desde 2023 y ha limitado la capacidad del Gobierno para ejecutar su nueva visión de la migración.
La falta de fondos estatales adicionales para la campaña de 2026 supondría un cambio de política con respecto a las legalizaciones masivas anteriores. En 2005, se contrató a 1.700 empleados y se crearon 742 nuevos puntos de información para ayudar al sistema existente a hacer frente a la situación, según un estudio de la investigadora Claudia Finotelli.
Para cubrir el déficit previsto para este año, el Gobierno está considerando recurrir a organizaciones no gubernamentales y sindicatos para que ayuden a tramitar las solicitudes, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto. Otra opción sobre la mesa es ampliar el horario de apertura de las oficinas de inmigración, según Pérez, el líder sindical.
Sin embargo, ninguna de las dos ha sido adoptada formalmente, lo que hace que los administradores duden de que el proceso se ponga en marcha a tiempo. "El Gobierno se muestra optimista, pero coordinar a todos no será fácil. Lo más seguro es que al empezar haya caos", dijo una persona involucrada en las discusiones del Ministerio de Migraciones.
Los migrantes también se han visto en apuros. Hacen cola en las oficinas de inmigración para solicitar detalles sobre la campaña que los funcionarios aún no pueden proporcionar, según informaron la policía y los sindicatos de funcionarios.
El Gobierno español ha dicho que los migrantes que no tengan antecedentes penales y que hayan residido en España durante cinco meses consecutivos o hayan solicitado asilo antes de finales de 2025 podrán acogerse a la campaña. Sin embargo, no ha especificado qué documentos se considerarán válidos como prueba.
"No está claro todavía qué requisitos van a pedir. (...) Mi miedo es que pidan un requisito que no pudiera presentar", dijo Iris Rocha, una peruana de 37 años y madre de dos hijos. Habló con Reuters después de asistir a una charla de una ONG local centrada en la migración en Barcelona, a menudo el único recurso para los migrantes desesperados por obtener más información.
Rocha, que dijo haber huido de Perú con sus hijas en 2023 tras sufrir abusos que ponían en peligro su vida, perdió su permiso de trabajo temporal el año pasado, después de que le denegaran el asilo.
Dijo que necesita documentos legales para volver a ser contratada. "Volvería a mi vida, podría volver a trabajar y estar mejor", dijo Rocha.
La ministra de Migraciones de España, Elma Saiz, dijo a los periodistas en enero que los solicitantes podrían trabajar legalmente una vez que se les notificara que su solicitud estaba siendo tramitada, lo que, según ella, ocurriría en un plazo de 15 días a partir de la presentación de la documentación.
Los expertos se muestran escépticos y señalan los retrasos crónicos del sistema de inmigración. El laboratorio de ideas español Funcas afirma que, en la actualidad, los migrantes tardan una media de dos a tres años en obtener la regularización, y que aproximadamente 840.000 migrantes indocumentados trabajan sin contrato mientras esperan a que se resuelva su solicitud.
"Son personas que están en irregularidad no porque ellos no se han querido regularizar, es porque no han podido hacerlo", dice Gabriela Domingo, abogada de la consultora migratoria Legalizados. Algunos migrantes ansiosos ya están pagando a intermediarios para asegurarse citas en abril en las oficinas de inmigración, según afirmaron tres abogados.
Esta práctica es ilegal, y el Gobierno reconoció en noviembre de 2025 que se debía a la escasez de citas disponibles. "Hay despachos de abogados que están cobrando por presentar los papeles sin tener aún un día definido, (...) lo que demuestra el temor que este proceso ha infundido en los migrantes", dijo Pilar Rodríguez, abogada de la organización de defensa de los migrantes Aculco.
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