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El documento se publicó el lunes por la noche como parte de una batalla judicial sobre los esfuerzos de la administración para controlar a los detenidos
La administración Trump ofreció US$4,7 millones a El Salvador para encarcelar a migrantes venezolanos deportados este año, pero restringió el uso de los fondos de manera que no entrara en conflicto con las políticas del presidente Donald Trump en materia de inmigración, diversidad y aborto, según una copia del acuerdo de marzo recientemente revelado.
El documento se publicó el lunes por la noche como parte de una batalla judicial sobre los esfuerzos de la administración para enviar a personas detenidas en EE.UU. a centros penitenciarios de El Salvador, incluido el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, una gran prisión famosa por sus condiciones peligrosas e insalubres.
Trump y otros funcionarios de EE.UU. han hablado públicamente sobre el acuerdo con El Salvador, pero el gobierno designó inicialmente el documento de cuatro páginas como confidencial en el litigio, según los documentos judiciales. El Departamento de Justicia acordó posteriormente que podía hacerse público con parte de la información tachada, tras la objeción de los demandantes.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, uno de los grupos involucrados en el caso, dijo en un comunicado que el acuerdo demostraba que la administración no tomó “para garantizar de manera significativa” que las personas enviadas a Cecot “estuvieran protegidas contra la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos, mientras que se esforzó por garantizar que los fondos que EE.UU. proporcionaron a El Salvador no se utilizaron para proporcionar atención de salud reproductiva o para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento”.
La administración se ha enfrentado a una oleada de demandas por el uso que hizo Trump de una ley de poderes bélicos del siglo XVIII para enviar a El Salvador a más de 200 migrantes venezolanos sospechosos de ser miembros de la banda Tren de Aragua. Las batallas judiciales han continuado incluso después de que los migrantes fueron enviados a Venezuela y puestos en libertad durante el verano. La administración Trump ha negado que tuviera autoridad legal sobre las personas una vez que estaban bajo la custodia de El Salvador.
El acuerdo de subvención está fechado el 22 de marzo, una semana después de los vuelos originales que llevaron a los venezolanos a El Salvador. En él se establece que el Departamento de Estado pagaría US$4.760.000 para “las necesidades de aplicación de la ley y lucha contra la delincuencia” de El Salvador, incluidos los costos relacionados con el alojamiento de los miembros del Tren de Aragua. Al menos algunos de los migrantes enviados a El Salvador han negado formar parte de la banda.
El documento afirma que El Salvador confirmó el 14 de marzo que aceptaría a aproximadamente 300 personas durante al menos un año, más o menos en la fecha en que Trump firmó la proclamación invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar rápidamente a los presuntos miembros de la banda. Las identidades de los funcionarios de EE.UU. y salvadoreños que firmaron están censuradas.
El acuerdo incluye ciertas condiciones, entre ellas que el dinero no puede destinarse a ninguna persona designada por el gobierno de EE.UU. como implicada en corrupción o terrorismo. Especifica que la subvención no es un “acuerdo internacional”, término oficial utilizado para describir los documentos legalmente vinculantes.
Un “anexo” describe condiciones adicionales, entre ellas que los fondos no pueden destinarse a pagar asesoramiento jurídico sobre el proceso de asilo en EE.UU. ni a derivar a los detenidos a abogados estadounidenses.
Establece que el dinero no puede utilizarse para apoyar “caravanas de migración masiva” hacia la frontera sur de EE.UU., financiar programas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, presionar un favor o en contra del aborto, cubrir abortos “como método de planificación familiar” o financiar programas que no cumplan con la orden ejecutiva de Trump contra las políticas de diversidad, inclusión y equidad
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