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Superintendencia Financiera
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La entidad ordenó restituir $1.600 millones a un grupo de compradores vinculados a este inmobiliario porque no verificó viabilidad del proyecto
La SuperFinanciera emitió una nueva condena contra Alianza Fiduciaria, esta vez por el proyecto Sky Condominio que se desarrolla en la ciudad de Montería en Córdoba, y le ordenó restituir $1.600 millones a un grupo de compradores vinculados a este inmobiliario.
La entidad concluyó que la fiduciaria no acreditó haber cumplido adecuadamente sus deberes de verificación sobre la viabilidad del proyecto, la capacidad financiera del desarrollador y la estructura económica que soportaba el negocio fiduciario, obligaciones que hacen parte del estándar de diligencia profesional exigido a las fiduciarias cuando administran recursos del público.
La información la dio a conocer Juan Carlos Orjuela Cortés, abogado y socio de Orjuela Cortés Abogados, quien destacó que este fallo, “reafirma un principio central que desdice lo expuesto por la entidad en su defensa: la fiduciaria no responde por el éxito del proyecto inmobiliario, pero sí por el cumplimiento estricto de sus deberes de análisis, control y gestión del riesgo antes de permitir la vinculación de inversionistas y la administración de sus recursos”.
Además, aseguró que el caso dejó en evidencia que la fiduciaria obró sin ejecución, lo cual el abogado aseveró no hace más que comprometer la responsabilidad de una fiduciaria, “que debe honrar en las distintas fases de desarrollo de un proyecto inmobiliario, con miras a evitar que sus omisiones y negligencia puedan frustrar las expectativas de los inversionistas que se vinculan movidos por la confianza que les genera la presencia de una sociedad fiduciaria”.
“Es un caso más que compromete la responsabilidad de esta fiduciaria poniendo de presente que el modelo de fiducia inmobiliaria debe revisarse de modo que los consumidores cuenten con medidas eficaces y expeditas para obtener la devolución de sus recursos cuando los proyectos inmobiliarios no se entregan con sujeción a los tiempos inicialmente ofrecidos o no se inician por dificultades de todo orden”, resaltó Orjuela.
Asimismo, advirtió es inaceptable que tanto el constructor como la fiduciaria se lleve por delante los derechos de los consumidores inmobiliarios.
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