Las entidades a cargo de los procesos de captación ilegal de dinero de criptoactivos

Un nuevo escándalo cayó sobre el Gobierno de Gustavo Petro. Desde hace dos semanas se investiga a una empresa de criptoactivos que habría comprado un avión para apoyar los viajes del actual mandatario.

Se trata de Daily Cop, una compañía colombiana que empezó a vender criptoactivos desde pandemia. Aunque la empresa no financió directamente la campaña de Gustavo Petro, sí habría financiado algunos viajes antes de ser elegido, un hecho que está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral. Esta investigación se ve truncada por la falta de regulación de estos activos que tuvieron su boom en Colombia en 2020.

Sin embargo, y a pesar de no tener una regulación específica, las actividades de captación ilegal de dineros del público y de lavados de activos son consideradas como delitos en Colombia.

En ese sentido, es responsabilidad de las autoridades gubernamentales, incluyendo a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General de la Nación, investigar y sancionar a las personas o empresas que desarrollen o se encuentren involucradas en dichas actividades.

Por ahora, el primer mandatario rechazó cualquier financiación de esta empresa a su campaña y aseguró por su red social X: “Buscan y buscan y no han encontrado un peso. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra”.

La regulación

“La normativa debe incluir definiciones claras de criptoactivos y su ámbito de aplicación. Se debe identificar las diferentes actividades relevantes relacionadas con esta actividad, como lo son la custodia, la negociación, y la intermediación sobre criptoactivos”, explicó Camilo Gantiva, partner en Holland & Knight.

Aunque no hay regulación, las campañas presidenciales tienen unas disposiciones especiales en la Ley 996 de 2005, en donde se establecen las reglas del juego en cuanto a la posibilidad de recibir contribuciones de personas naturales.

Sonia Marina Castro Mora, socia Yepes Castro estudio jurídico, aseguró que “es claro que la regulación inicial se pensó para montos en moneda legal colombiana o bienes en especie. Al ser un tema tan novedoso, puede decirse que, respecto de la financiación con criptoactivos (en sus distintas modalidades), existe un vacío legal”.

La necesidad de una regulación cobra sentido después de que más de 220.000 personas fueron afectadas y se perdieran cerca de $180.000 millones en manos de Daily Cop.

“La estafa es un delito en Colombia. Este delito se configura cuando una persona obtiene, a través del engaño, dinero u otros beneficios económicos para sí mismo o para terceros”, confirmó Gantiva.

Y agregó que sin importar la existencia de una regulación específica sobre criptoactivos en Colombia, cualquier persona que sea víctima del delito de estafa puede interponer una querella o una denuncia, ante la Fiscalía General de la Nación.

¿Falta de regulación?

La ausencia de regulación en el ámbito de los criptoactivos se debe a varios factores, incluyendo la falta de comprensión sobre sus características y funcionamiento, así como la complejidad tecnológica que representan. Además, la gran diversidad de criptoactivos y sus distintos usos dificultan la creación de un marco regulatorio coherente y sólido. No obstante, según los expertos, es fundamental establecer regulaciones para mitigar riesgos, maximizar beneficios y salvaguardar los intereses de los consumidores.

“Para el cierre de la primera legislatura de 2023, el Gobierno Nacional acordó con congresistas desarrollar un proyecto de ley que permitiera regular la actividad y servicios de los proveedores de servicios de activos virtuales, proyecto que no ha tenido consenso al interior de las entidades de supervisión y control”, explicó Erick Rincón Cárdenas, profesor Asociado de la U. Rosario.

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El Consejo Nacional Electoral determinó que se incluirá en el expediente de la investigación contra la campaña la información relacionada con los aportes de la empresa de criptoactivos que financió la compra del avión en cuestión.

Esto se da después de que Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, magistrados del CNE, que llevan la investigación sobre la campaña en cuestión, convocaran a una reunión extraordinaria para analizar si era pertinente incluir este nuevo episodio. Es por esto que se incluirá las declaraciones de Ómar Hernández, vinculado al proceso, a la ponencia de formulación de pliego de cargos que se radicará en los próximos días.