La propuesta de inversiones forzosas reducirían los recursos disponibles para créditos

El jueves en la noche, el presidente Gustavo Petro se reunió con su gabinete para analizar la eventual implementación de inversiones forzosas en el sistema financiero colombiano. La medida, planteada en el contexto de la emergencia económica, implicaría un mayor nivel de intervención estatal en la orientación del crédito y en la canalización de recursos hacia sectores definidos como prioritarios. La iniciativa, que se materializaría mediante decretos presidenciales, pretende redirigir recursos hacia prioridades consideradas urgentes para el país, lo que, al final de cuentas, representaría una nueva carga para el sector bancario.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, explicó que si se establece una nueva inversión forzosa similar a la existente, de alrededor de $35 billones, habría menos recursos disponibles para otorgar créditos a los sectores no priorizados por la medida.

Además, durante el encuentro, el mandatario afirmó que, según su interpretación, el sector financiero incumplió los compromisos adquiridos en el Pacto por el Crédito. Según explicó, el acuerdo contemplaba que, en lugar de presentar un proyecto de ley para reformar el esquema de inversiones forzosas, se ampliaría su alcance tanto en el ámbito urbano como en el rural.

“Una nueva inversión forzosa aumentaría la represión financiera. Hoy somos el tercer país de la región con mayor represión financiera, por cuenta de la existencia de la tasa de usura, de la inversión forzosa en títulos agropecuarios (TDA), las restricciones para costos financieros y el límite restrictivo en el tiempo de permanencia de información en los burós de crédito”, aseguró Malagón. Agregó que las restricciones actuales al sistema financiero están limitando su desarrollo y alcance.

“La profundización financiera en Colombia apenas llega a 44% del PIB, un nivel similar al de hace una década y muy por debajo del potencial estimado de 65%. Además, la inclusión crediticia solo cubre a 51% de los adultos, lejos de 75% observado en referentes internacionales”, señaló.

El dirigente gremial advirtió que la imposición de una nueva inversión forzosa, cercana a $35 billones, reduciría la disponibilidad de recursos para sectores no priorizados, lo que tendría efectos generalizados en el costo del crédito. “Esto podría traducirse en un aumento de 49 p.b. en las tasas de interés, una reducción de 0,9 p.b en la cartera y una caída de 0,3 p.b en el PIB”, dijo.

Petro agregó que, en su balance, no se ha fortalecido el crédito asociativo ni se ha logrado orientar los recursos hacia la producción, que era uno de los objetivos centrales de la propuesta. También señaló que persisten limitaciones en el acceso al crédito de consumo y cuestionó la salida de capitales al exterior.

No obstante, en los primeros 17 meses de ejecución del Pacto por el Crédito, los desembolsos hacia los cinco sectores estratégicos alcanzaron los $228 billones, equivalentes a 90% de la meta total fijada en $255 billones.

Este desempeño refleja un crecimiento anual de 16%, superior a 12% registrado en los desembolsos dirigidos al resto de la economía, lo que evidencia el impulso diferencial que ha tenido esta estrategia.

Por sectores, manufactura y transformación energética lideran la colocación de recursos con $135,2 billones, lo que representa 83% de la meta de $163 billones. Le sigue vivienda con desembolsos por $48,1 billones, superando el objetivo previsto de $40,6 billones y alcanzando un cumplimiento de 119%.

En el sector agropecuario, los desembolsos ascienden a $26,4 billones, equivalentes a 87% de la meta, mientras que el turismo registra $7,6 billones, lo que corresponde a 93% del objetivo de $8,2 billones. Por su parte, la economía popular acumula desembolsos por $10,4 billones, que representan 83% de la meta.