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Los montos reclamados por estas modalidades de fraude pasaron de $30.622 millones a $92.235 millones en dos años
La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC expuso tres propuestas para combatir los fraudes telefónicos y por SMS, una problemática que deja montos reclamados que ascienden a $92.235 millones.
La información analizada por la CRC para hacer estas propuestas evidenció que los montos reclamados por estas modalidades de fraude pasaron de $30.622 millones a $92.235 millones en dos años
Por ejemplo, el smishing -mensajes de texto fraudulentos- alcanzó reclamaciones por más de $47.892 millones, mientras que el vishing -llamadas telefónicas o mensajes de voz fraudulentos- llegó a $44.342 millones.
Javier Gutiérrez Afanador, comisionado de la CRC, destacó la importancia de su propuesta regulatoria como respuesta a "una amenaza que crece y se transforma constantemente, afectando a millones de colombianos en su vida cotidiana".
La primera propuesta es crear un identificador de mensajes de texto para las empresas y entidades que envíen SMS a clientes. Con este, la identificación será obligatoria y habrá una validación estricta de empresas que envían SMS masivos, junto con un monitoreo del tráfico para prevenir fraudes y suplantaciones.
La segunda propuesta de la CRC es crear un bloqueador de llamadas del exterior que usen de forma indebida números locales para ocultar su origen. También buscan implementar un etiquetado para identificar llamadas comerciales y establecer controles para evitar que determinados números o recursos de numeración sean utilizados para originar llamadas sospechosas.
Y la tercera y última propuesta es la creación del “Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles”. Será liderado por la CRC y buscará intercambiar información, compartir alertas tempranas e identificar nuevas modalidades de fraude junto con operadores, autoridades y otros actores del ecosistema digital.
A través de un comunicado, la CRC explicó que sus propuestas fueron resultado de un análisis de información del sector, revisión de experiencias internacionales, evaluación del comportamiento del tráfico de voz y mensajes, y espacios de participación con operadores, empresas, autoridades y ciudadanos.
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