El Gobierno le exige más información a los operadores de libranzas

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, la nueva medida “reglamenta la revelación de información y gestión de riesgos en la venta y administración de estos negocios, de tal manera que se cumplan en adecuadas condiciones de seguridad para los compradores”. 

En ese sentido, el decreto exige al vendedor de libranzas revelar al comprador con claridad y exactitud, previo a la firma del contrato, los riesgos inherentes a las operaciones de venta y administración de cartera de operaciones de libranza.

Daniel Castellanos, especialista en banca, señaló que “recientemente hubo muchos inconvenientes con compañías de libranzas, que significaron graves problemas financieros. Este decreto es una respuesta a la crisis que se presentó con algunas de estas empresas y es la oportunidad para que haya una mayor regulación para que no se sigan presentando casos similares”.

Así mismo, debe quedar por escrito que el comprador recibió información sobre los riesgos que pueden afectar el recaudo de las amortizaciones del crédito esperado, así como de la posibilidad de que el descuento de nómina o de pensiones no opere, entre otros.

“El comprador deberá recibir también: copia del título valor que instrumenta el crédito libranza comprado, copia de la solicitud de crédito del deudor, copia del estudio de crédito realizado por el originador al deudor y  copia de la historia de crédito del deudor expedida por las centrales de riesgo autorizadas, obtenida por parte de la entidad operadora u originador al momento de otorgar el Crédito libranza”, indica el decreto.

La medida también exige que el comprador sea informado por el vendedor, al menos trimestralmente, sobre el estado de la cartera de créditos objeto de la operación, con indicación de los eventos de mora, incumplimientos declarados, pagos anticipados, fallecimiento de los deudores, cambios en la situación laboral y demás información que sea relevante y que pueda afectar el desempeño de la cartera comprada. 

Ahora, con el mencionado decreto, cuando el vendedor o administrador de las libranzas es una sociedad, las funciones de vigilancia y control le corresponderán a la Superintendencia de Sociedades, pero el decreto advierte que esta supervisión se limitará exclusivamente a los aspectos societarios.

Además, las empresas que vendan cartera de libranzas deberán contratar con un tercero independiente no menos de cuatro auditorías anuales, con el propósito de verificar el estado de los créditos.

Para Luis Eduardo Rincón, presidente de Asofactoring,  quien habló en días pasado con LR, en la Ley 1527 de 2012 se habilitó préstamos a muchas personas que no se le hacían créditos en los bancos, ya que incumplieron con sus pagos, por lo que a través de la libranza volvieron a la vida crediticia y se creyó que aumentando el número de operadores se iba a tener una muy buen oferta de recursos y un muy buen crecimiento económico.

Y añadió que  “el problema fue que no se organizó correctamente la cadena de libranzas, que va desde los que la organizan, además cualquiera puede prestar este servicio, por lo que se necesita no solo tener un capital, sino la educación para que este tipo de negocios se lleven correctamente, ya que en la actualidad hay muchas compañías con mucha plata en papeles, pero no tienen dinero para trabajar”. 

Por su parte, Asobancaria indicó que factores como la indebida gestión en la originación,  la venta de los créditos respaldados con libranzas por parte de entidades comerciales no vigiladas como Estraval y la falta de vigilancia y control “han deteriorado la imagen del descuento directo o libranza y han permitido el uso abusivo de esta figura, minando la seguridad y la confianza del público sobre la actividad financiera”.

Y es que los bancos defienden esta figura porque según datos de la Superintendencia Financiera, la cartera de libranzas otorgada por las entidades vigiladas, desde  que se emitió la Ley de libranzas, ha venido creciendo a una tasa anual promedio de 17,7% y al corte del primer trimestre del año totalizó cerca de $36,4 billones. Estos créditos en el sistema bancario son considerados de muy bajo riesgo, y muestra de ello son sus bajas tasas de interés.