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Según Andrade, la decisión se tomó tras encontrar muchos agravantes en últimos sucesos de corrupción que se han expuesto a la luz publica por Odebrecht, y por eso, se consideró que la liquidación abriría una nueva puerta para volver a licitar el contrato.
"Si se adjudica un contrato estatal a través de un delito, ese contrato tiene nulidad absoluta", señaló el ejecutivo para explicar el por qué de la decisión.
La devolución superaría los $700.000 millones, de los cuales se ha señalado que $400.000 llegarían a Odebrecht y la suma restante a Episol y CSS Constructores.
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