La tarifa de impuesto al carbono será de $42.609 por tonelada para el siguiente año

El Gobierno presentó la reforma tributaria con el fin de recaudar $26,3 billones que se añadirán al Presupuesto de 2026. Dentro de este plan de financiamiento uno de los puntos importantes que se modificó es el impuesto al carbono y la venta de contaminantes; este impuesto busca reflejar el costo ambiental del consumo energético, tomando como referencia el factor de emisión expresado en toneladas de dióxido de carbono equivalente.

En este sentido, la tarifa se fijó en $42.609 por tonelada de carbono para el siguiente año, con un ajuste anual respecto a la inflación adicionándole dos puntos porcentuales, hasta así alcanzar el valor equivalente a tres unidades de valor tributario por tonelada. Pese a que se ubicó el valor de la tarifa presentada, para llegar a pagarlo completo aún se tendrá que esperar, ya que, a partir de 2026, se cobrará 40% del valor de la tarifa plena; el siguiente año, el valor se ubicará en 60%; para 2028 será de 80%; y, a partir de 2029 será la tarifa completa.

Sin embargo, una de las innovaciones que se presentó es que las empresas que logren certificar ser carbono naturales podrán acceder a la no causación del impuesto hasta un cercano de 30% del valor total; para ello, deberán presentar mecanismos de compensación y resultados de mitigación avalados por el Ministerio de Ambiente.

Ante esto, Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía, aseguró que, “Tanto el Gobierno como el Congreso de la República deben ser conscientes que el reajuste del gravamen al carbono propuesto en el proyecto de ley de financiamiento, se convierte en un mayor costo que lo pagarán quienes estén al final de la cadena, ya que, quien paga el impuesto termina trasladándolo”.

Este impuesto al carbono tiene como objetivos principales aumentar los recursos disponibles del Gobierno Nacional para el financiamiento de gastos y además, contribuir en la convergencia del país a políticas cada vez más efectivas en la lucha contra el cambio climático.

Para tomar esta decisión se dio paso a un consenso ambientalmente responsable y que sea coherente con la agenda de transición energética y de descarbonización que plantea el Gobierno; la inclusión del carbón en la base gravable es un factor importante considerando que las emisiones de dióxido de carbono en el país derivadas de la quema de combustibles asciende a 99,72 millones de toneladas, con una participación del carbón de 9,9% en el total de las emisiones, por ello, es importante la inclusión de este producto para así equilibrar las condiciones entre los combustibles que generan emisiones de dióxido de carbono y aumentar así la efectividad del impuesto.

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“Una afectación es que se bajaría de 50% a 30%, la no causación del impuesto nacional al carbono, a través de la compensación con bonos de carbono, lo cual podría afectar a empresas que vienen desarrollando o invirtiendo en proyectos que generen dichos bonos y les permitía aplicar al señalado beneficio, el cual fue en algún momento de 100%”, aseguró Julio César Vera Díaz, presidente de Xua Energy respecto al impacto que puede tener en las grandes y medianas empresas.

Pese a que esta tarifa busca recaudar presupuesto para 2026, algunos territorios como Amazonas, Caquetá, Guainía, Vichada, Guaviare, Putumayo, Vaupés, y los municipios de Sipí, Riosucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandí, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del departamento del Chocó están exentos del pago de esta adición.

La destinación de este impuesto de carbono tendrá varios puntos a resaltar ya que irán a diferentes sectores. Cerca de 45% del recaudo será destinado para el manejo de la erosión costera, la reducción de la deforestación y su monitoreo; la conservación de fuentes hídricas y humedales, entre otras más, las cuales están relacionadas al cuidado del medio ambiente.