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CONTENIDO PATROCINADO "Cumplir con exigencias legales no tiene por qué implicar traumatismos en el negocio”
viernes, 26 de marzo de 2021

Pamela Alarcón, socia de Penal y Compliance de PPU, explicó los riesgos que pueden generarse al no asesorarse de manera adecuada

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Luego de que la Superintendencia de Sociedades ampliara el marco de las empresas obligadas a implementar el sistema autocontrol y gestión de riesgo integral de lavado de activos y financiación al terrorismo (Sagrilaft), todas las organizaciones vigiladas por la entidad, y que hayan obtenido ingresos o tengan activos totales, iguales o superiores a 40.000 smlmv deben implementarlo.

Para la socia del área de Penal y Compliance de PPU, Pamela Alarcón, es importante que las empresas “empiecen por identificar cuáles son los riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación al terrorismo”. También, que miren los recursos internos (humano y tecnológicos) con los que cuenta y que pueden utilizar, con el fin de usarlos de manera eficiente y adecuada. Asimismo, aconseja buscar un buen asesoramiento para protegerse de posibles sanciones.

Ahora que cambiaron los requisitos para los sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación de terrorismo, ¿qué empresas deben implementar el sistema y cuáles deben ser los pasos a seguir?
Las empresas que sean vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y que hayan obtenido ingresos o tengan activos totales, iguales o superiores a 40.000 smlmv deben implementarlo. Ahora bien, aun si la empresa no cumple con el requisito de ingresos y activos también deberá analizar si pertenece a ciertos sectores económicos que fueron establecidos por el ente regulador (APNFD) y si cumple con todos los requisitos exigidos para cada sector. Entre estos se encuentran: las operadoras de libranzas; aquellas de actividades de mercadeo multinivel, los fondos ganaderos y las sociedades que realizan factoring, entre otros.

Una vez la empresa identifique si debe o no implementarlo, deberá diseñar y/o actualizar los siguientes documentos de su sistema de administración de riesgos: matriz de riesgos, que deberá incluir, según el cambio introducido por la circular, los riesgos inherentes de la empresa en relación con la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, una política Sagrilaft y un manual de procedimientos que desarrolle todas las etapas de este: identificación, medición, control y monitoreo. Igualmente, el manual de procedimientos contemplará cada elemento como diseño y aprobación, auditoría y cumplimiento y divulgación y capacitación.

Un rango muy grande de empresas que antes no tenían que hacerlo ahora tienen que implementarlo en tiempo récord, ¿cómo agilizar el proceso?
Mi recomendación es que empiecen por identificar cuáles son los riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación al terrorismo. También, que miren los recursos internos (humano y tecnológicos) con los que cuentan y que pueden utilizar, con el fin de usarlos de manera eficiente y adecuada.

¿Por qué deben asesorarse bien las empresas pensando en implementarlo?
Hay muchos errores que se comenten en la implementación del Sagrilaft y de las demás políticas que integran los programas de compliance. Esto redunda en mayores costos para las empresas; ya sea por la eventual imposición de sanciones por la autoridad competente, el inicio de procesos administrativos o, peor aún, por que se materialice alguno de los riesgos que se pretenden evitar. Por ejemplo, un due-diligence mal realizado en una contraparte puede llevar a que la empresa sea instrumentalizada para lavar activos; o, no identificar los beneficiarios finales, también pueden materializarse en riesgos de lavado de activos y/o de corrupción.

¿Cuáles son los plazos?
El 31 de mayo se cumple el plazo para que las empresas ajusten y adapten su Sagrilaft. Por otra parte, aquellas empresas obligadas a diseñar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial tienen hasta el 30 de abril para su implementación.

¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo a tiempo?
Se inicia un proceso administrativo en contra de las compañías y sus administradores, el cual deriva en la imposición de sanciones económicas hasta por 200 smlmv.

¿Qué ventajas puede ofrecerles PPU a las empresas para este tipo de procedimientos?
Tenemos un equipo robusto y con amplia experiencia en el diseño, implementación y adaptación de Programas de Cumplimiento, además, siendo PPU una firma full-service regional, conocemos los diferentes negocios y sectores empresariales, lo que nos permite identificar y solucionar las necesidades de los clientes de la mejor manera. Nuestra asesoría permite que las empresas cumplan a cabalidad las exigencias legales y regulatorias, pero sin que eso implique traumatismos en el desarrollo de la actividad empresarial.

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