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Luis Carlos Reyes, director de la Dian, afirmó que la reforma se alinea con la Constitución de 1991 y cumple con ella en la medida en que será debatida en el Congreso de la República
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En Francia, Jean Baptiste Colbert, ministro de Hacienda del rey Luis XIV afirmó que “el arte de la tributación consiste en desplumar al ganso para obtener la mayor cantidad de plumas con el menor número posible de graznidos”.
De cara a la Petributaria, es coincidente que en dialecto paisa “desplumar” significa conseguir dinero de alguien con lisonjas y arrumacos, lo que evoca los proclamados objetivos de igualdad y justicia social. Como casi todos compartimos estos objetivos, el corazón le podría ganar a la razón en el debate parlamentario.
En efecto, esta propuesta tiene más de “tax politics” que de “tax policy”, buscando prevenir graznidos, aunque se elijan plumas equivocadas.
Partamos de la expansión pendiente del IVA, eje central de la fallida reforma Carrasquilla. El Gobierno marcó su principal línea roja de no tocar el IVA debido al estallido social del año pasado.
Cierto, coherencia política del Presidente ante el “papayazo” inoportuno que allanó su elección, pero equivocada política tributaria al no reconocer que reducir tarifas especiales, bienes excluidos y exentos acompañados del exitoso subsidio compensatorio para familias de bajos ingresos podría llevar al IVA a una situación técnica de progresividad y ser a la vez la fuente menos distorsionante de estabilidad fiscal de cara a un incremento del gasto e inversión sociales.
Al marcarse una segunda línea roja con no reducir el umbral de pago de Impuesto de Renta para personas naturales, renunciar a agregar una contribución dosificada a ingresos de menos de 10 millones mensuales, y restringir los alivios fiscales, es evidente que la presión tributaria sobre ingresos superiores aumentará de forma significativa aún sin alterarse la escala tarifaria.
Y esta desplumada se complementa con un impuesto al patrimonio cuya expansión de base gravable -ej. acciones con valor intrínseco - consolidará una acumulación de carga tributaria que hará que personas ubicadas muy arriba se vayan del país.
El gobierno desprecia la competitividad tributaria internacional, y propone aumentar la tasa efectiva combinada de empresa y accionista del exterior del actual 41.5% a un 48%. Podría incluso rozar el 60%, en el caso de un accionista persona natural residente en Colombia. En un contexto de país en vías de desarrollo urgido de atraer inversión extranjera y potenciar el emprendimiento local, ¿sinceramente se cree que tener a Hacienda de cuasi socio mayoritario de la inversión empresarial es justo y sostenible? De ñapa se le ponen palos en la rueda a las Zonas Francas cuya tarifa del 20% es bastante cercana al promedio de la OCDE (23%). A estas anti-competitivas tarifas nominales se les agregará la restricción del tope de incentivos fiscales al 3% de la renta líquida ordinaria y restricciones injustificadas al sector de hidrocarburos.
Ante este preocupante panorama, deben darse dos debates a profundidad: El potencial impacto negativo en el crecimiento económico sostenible, y los límites constitucionales a una progresividad desproporcionada que raya en la confiscatoriedad. El espejismo de perseguir la igualdad y equidad sacrificando la prosperidad – asfixiando al ganso desplumado - nos conducirá a un inevitable reparto de pobreza…
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