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Por muchos años, la relación entre empresa y derecho ha funcionado de manera bastante simple. Primero se concebía el negocio y después aparecían los abogados. Su labor consistía en revisar contratos, conseguir permisos, advertir riesgos y dictaminar si aquello que los empresarios habían imaginado podía hacerse o no. Dicho modelo se está quedando obsoleto
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Santiago Martínez, socio de Godoy Abogados, analiza el Decreto 234 de 2026 y advierte que la negociación sectorial obligatoria ahoga a las MiPymes y no resuelve la multiafiliación
El Decreto 234 de 2026 introdujo cambios en las reglas de la negociación colectiva laboral al reglamentar la negociación por industria y ampliar el alcance de los acuerdos sectoriales. La nueva regulación ha generado alertas entre empresarios, que advierten posibles efectos para las MiPymes, empresas sin sindicatos y compañías que enfrentan múltiples organizaciones sindicales, mientras algunos sectores ya analizan acciones jurídicas contra la norma.
Este decreto reglamentario transforma la negociación colectiva al introducir la negociación
por industria, volviendo obligatorios los acuerdos para todas las empresas del sector. Esto
genera graves desafíos jurídicos, riesgo de quiebras y oligopolios para las MiPymes,
debilitamiento de los sindicatos pequeños y afectaciones a los trabajadores, quienes
exponen su nómina y el hábeas data al pagar cuotas a múltiples sindicatos. Todo esto
mediante un decreto reglamentario.
Ante esta novedad, las empresas siguen cuatro líneas de acción: analizar la negociación
sectorial voluntaria (OIT), comparar beneficios extralegales en grandes empresas,
demandar ante el Consejo de Estado pidiendo la suspensión provisional, y mantener
diálogo directo para anticiparse a los pliegos. Además, destaca que los propios sindicatos
están incumpliendo los requisitos del decreto al presentar dichos pliegos, lo que frena estas
negociaciones.
Es un cambio crítico. Mientras antes el convenio aplicaba solo a la empresa firmante y sus
afiliados, el decreto obliga a toda la industria a aplicarlo, incluso a empresas medianas o
grandes sin sindicato que nunca participaron, saltándose el artículo 472 del código que
exigía más de dos terceras partes de cobertura regional.
El decreto no resolvió la problemática de la multiafiliación ni de la multinegociación interna.
En sectores como el bancario, donde existen hasta 80 sindicatos por entidad, las empresas
siguen sufriendo el mismo desgaste y la acumulación de pliegos paralelos, ya que la norma
solo regula los niveles superiores a la empresa.
El descuelgue permitía a empresas en crisis pactar mínimos inferiores para evitar la
quiebra. No se incluyó por una decisión política de las grandes confederaciones para
priorizar el control sectorial, dejando a las MiPymes expuestas a un modelo que ignora su
tamaño y vulnerabilidad frente a las grandes empresas.
Se considera que el decreto infringe múltiples normas. Aunque se aplaude la postura neutra
y dialogante del actual Ministerio del Trabajo, el empresariado confía en que las demandas
y la suspensión provisional prosperen en la vía judicial para frenar los daños operativos. El
sector está abierto a negociar, pero bajo un esquema que respete también los intereses
empresariales.
El modelo avanza en sectores clave como puertos, hoteles, energía y gas, elevando el
riesgo de conflictividad. Pese a esto, se prioriza el diálogo y el consenso frente a acuerdos
voluntarios, manteniendo una postura firme ante normas que vulneren el Estado de
derecho.
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