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Aunque la Junta de Sura decidió vender en la OPA, la alta gerencia no lo reconoce como legal. Vendrían acciones legales de ambas partes
A menos de 72 horas de que culmine la OPA de International Holding Company (IHC) por Nutresa, se evidencia la tensión entre los miembros de la Junta Directiva y la alta gerencia de Grupo Sura. Más allá de las ofertas, las movidas por el Grupo Empresarial Antiqueño (GEA) ya pasaron al ámbito legal.
Este viernes culmina el plazo de aceptación de la OPA y, una semana antes, la Junta Directiva de Grupo Sura decidió vender la participación que tiene en la multilatina de alimentos. Sin embargo, la gerencia de la empresa de seguros e inversiones desconoció la decisión y aseguró que no es legal, pues “no había Junta”. ¿Pero quién tiene razón y quién lo definirá? Además, ¿qué pasará con las acciones?
Todo comenzó el 10 de noviembre, cuando los siete miembros de la Junta Directiva de Grupo Sura se reunieron, por primera vez en la mañana, para aprobar los resultados financieros de la compañía. Luego estaba citado un nuevo encuentro pasado el medio día, en el que se discutiría la OPA. Momentos antes de que iniciara, los asistentes recibieron las renuncias de cuatro miembros del órgano directivo: Luis Javier Zuluaga y Sebastián Orejuela, que fueron inhabilitados por parte de la Superintendencia de Sociedades para decidir en la OPA; y Santiago Cuartas Tamayo y Pablo Londoño Mejía.
Sin embargo, como se evidencia en el acta de la reunión, Cuartas habría estado presente, lo que sería clave para determinar si la decisión aprobada en la Junta fue legal o no.
Sura, a través de diferentes comunicados en la Superintendencia Financiera e incluso a través de sus redes sociales, ha asegurado que no ha tomado una decisión sobre la venta de su participación de Nutresa en la OPA y que el acta “es un documento privado entre tres personas que no tienen la capacidad legal ni estatutaria de tomar la decisión mencionada”. Esto, en referencia al quórum del órgano directivo.
“A mi juicio, no hay tal decisión porque la Junta quedó desintegrada con ocasión de la renuncia de los demás miembros”, dijo Rodrigo Galarza, abogado especialista en derecho financiero.
Desde la otra orilla se argumenta, con sustento en varios oficios emitidos por la Supersociedades, que en caso de inhabilidades en la Junta Directiva, “el quórum y la mayoría se integrará con los votos habilitados para tomar la decisión”.
Como en este caso había cinco de los siete miembros de la Junta habilitados, dijo Camilo Martínez, socio de DLA Piper Martínez Beltrán y uno de los abogados del Grupo Gilinski, la decisión fue legal en cuanto la mayoría se debería calcular sobre un quórum de cinco. En todo caso, agregó, la presencia de Cuartas en la reunión, como consta en el acta, zanjaría cualquier discusión matemática, habida cuenta que a la Junta asistieron cuatro de los siete integrantes.
No obstante, Sura indica que "no es cierto que Santiago Cuartas Tamayo, antiguo miembro de la Junta Directiva, haya participado en la supuesta Junta. Solo ingresó para leer personalmente su carta de renuncia, que ya había enviado por correo electrónico antes del comienzo de la reunión". Por lo que este punto lo deberá esclarecer la entidad pertinente.
Además, la compañía argumenta que el documento suscrito por las directoras Lombana y Tafur no es un extracto de un acta de la Junta suscrita por su presidente y secretario. "Angela María Tafur Domínguez, Ximena Lombana Villalba y Andrés Bernal Correa se negaron a escuchar el análisis legal del asesor jurídico independiente y externo de la Junta Directiva, sobre el asunto atinente a la falta de quórum deliberatorio y decisorio", dice en un comunicado (ver archivo adjunto).
¿Y qué pasa entonces con las renuncias? Según el abogado, estas solo se hacen efectivas en dos casos: que la Asamblea de Accionistas, que es la que los nombró, las apruebe; o que el mismo órgano los reemplace por nuevos miembros de la Junta. El encuentro para ese propósito está citado para el 22 de noviembre cuando, en todo caso, habrá terminado el plazo de aceptación de la OPA de IHC.
En el certificado de existencia y representación legal de Grupo Sura de la Cámara de Comercio de Medellín todavía figuran los siete miembros de la Junta Directiva, aunque a renglón seguido se aclara que cuatro de ellos informaron de su renuncia al cargo con efecto inmediato.
Para este caso específico, las entidades competentes deberán decidir desde qué momento se entiende que las dimisiones producen efecto.
Más allá de las discusiones jurídicas sobre la legalidad de la Junta, la realidad es que IHC no extendió el periodo de aceptación de la OPA y, hasta el momento, la gerencia de Sura desconoce la decisión de vender la participación que tiene en Nutresa. Con eso, la OPA no alcanzaría el mínimo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) la declararía desierta, como sucedió en la tercera Oferta de Jaime Gilinski por Nutresa y en la que presentó el mismo empresario caleño por Grupo Argos.
“Desde lo jurídico hay mucho de largo y de ancho. Yo coincido con el concepto de Supersociedades donde dice, que si hay un inhabilitado, se debe reconfigurar el quórum”.
“La Supersociedades podría sancionar a los administradores que toman decisiones ilegales. La decisión sería de la Delegatura de Procesos mercantiles”.
“Desde el punto de vista empresarial, esta discusión está bastante álgida. No solo la toma fue hostil, sino que la reconfiguración del poder también lo es. Coincido con el concepto de la Supersociedades donde dice que si hay un inhabilitado se debe reconfigurar el quórum, pero ambas partes tienen algo de razón en lo que dicen. Ahora, los tiempos marcan la profundidad de la discusión”, dijo Diego Márquez, socio de MQA.
¿Quién tiene la razón? La decisión, según Juan Pablo Liévano, exsuperintendente de Sociedades, tendría que tomarla esa entidad desde la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, o un tribunal de arbitramento.
Se espera que la tensión al interior del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) escale en otras jurisdicciones, incluyendo la penal, pues cualquier accionista de Grupo Sura podría demandar a los representantes legales por no acatar la decisión de la Junta. De igual forma, si se encontrara que la Junta del 10 de noviembre fue ilegal, quienes tomaron la decisión de vender quedarían expuestos a repercusiones judiciales. También, quienes renunciaron al órgano decisorio podrían enfrentar procesos en su contra por faltar a sus deberes como administradores. En juego, para todas las partes, están no solo la reputación y los cargos corporativos, sino también el patrimonio personal.
La tensión, en todo caso, no es nueva. De hecho, este año ya se han realizado más de 10 asambleas de accionistas por diversos motivos, bien sea para cambiar los miembros de la Junta o para resolver las inhabilidades de los miembros para decidir en OPA. Incluso, se citó a una reunión extraordinaria para aclarar ‘acuerdos complejos’ que tenía el Grupo.
Las acciones de Nutresa cayeron 3,94% en la Bolsa de Valores de Colombia
A pocos días de que termine la OPA de IHC por Nutresa, las especies de la multilatina de alimentos cayeron 3,94% en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), cerrando la jornada sobre los $50.900. Lo anterior, a la espera de conocer el total de las aceptaciones recibidas en la OPA y con el riesgo de que la oferta se declare desierta, tal como ocurrió en la tercera OPA de Jaime Gilinski por esta misma compañía y en la que presentó el mismo empresario caleño por Argos. El periodo de aceptación de la oferta irá hasta el 18 de noviembre.
