En qué va proceso judicial del magnicidio contra el precandidato Miguel Uribe Turbay

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamentó profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permaneció más de dos meses en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza el pasado 7 de junio, durante un acto político en Bogotá. A propósito de su maginicidio, la duda es en qué va la investigación judicial por el homicidio en el barrio Modelia.

Desde el momento del atentado, la Fiscalía General de la Nación desplegó un equipo interdisciplinario para esclarecer los hechos. Según las autoridades, el crimen tendría motivaciones políticas, ya que Uribe había denunciado reiteradamente amenazas en su contra y había advertido a la Unidad Nacional de Protección, UNP, sobre su situación de riesgo, derivada de sus posturas contrarias al Gobierno. A pesar de los reiterados llamados para que reforzaran su seguridad, estas peticiones no fueron tenidas en cuenta.

A la fecha, seis personas han sido judicializadas por su presunta participación en la planeación y ejecución del ataque. El primero en ser capturado fue el menor de 15 años que disparó contra el senador, el mismo día del hecho, el 7 de junio. Herido por los escoltas tras intentar huir, fue aprehendido por la Policía, hospitalizado y posteriormente imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Poco a poco y mientras la investigación avanzaba, fueron capturadas cinco personas más tras una intensa labor de las autoridades que se encargaron de todo apenas sucedió el lamentable hecho. Entre los capturados hasta el momento están: Carlos Eduardo Mora, ciudadano colombo-venezolano, que habría hecho labores de reconocimiento del lugar del hecho días antes del atentado; Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, quien fue capturada en Florencia, Caquetá, lugar al que se desplazó para escapar. Según la Fiscalía, habría entregado el arma al menor momentos antes del ataque.

Otros de los capturados son William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, presuntamente ayudó en la logística del escape y facilitó comunicaciones para el operativo; Élder José Arteaga, alias ‘El Costeño o Chipi’, considerado el principal coordinador entre los ejecutores y los autores intelectuales y capturado en Engativá tras un fuerte operativo de las autoridades; y Cristian Camilo González Ardila, quien se entregó voluntariamente.

De acuerdo a lo que trascendió, él habría sido designado como apoyo en la fuga del sicario. Un séptimo implicado, un menor de 17 años y que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía para colaborar con la investigación, escapó del centro del Icbf donde permanecía antes de rendir testimonio completo.

Todo apunta a las disidencias
Las investigaciones apuntan a que detrás del magnicidio estarían las disidencias de las Farc, específicamente la llamada ‘Segunda Marquetalia’, bajo el mando de alias ‘Iván Márquez’. Uno de los señalados como autor intelectual sería alias ‘Zarco Aldinever’, a quien el grupo armado ha declarado muerto, aunque las autoridades aún no lo confirman.

La Fiscalía, en colaboración con la Policía Nacional, mantiene activo un grupo de más de 200 investigadores con el objetivo de identificar y judicializar a los determinadores del crimen. Los capturados permanecen recluidos en el búnker de la Fiscalía, mientras avanzan las audiencias preliminares. El compromiso institucional, según reiteró Camargo Garzón, es no descartar ninguna hipótesis y avanzar sin descanso para hacer justicia a este crimen que hoy llora el país.

Menor de 17 años se fugó del Icbf
Otro de los aspectos pendientes del proceso es la desaparición de un menor de 17 años, quien inicialmente se presentó ante la Fiscalía para aportar información. Fue alojado en un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, pero posteriormente abandonó el lugar antes de que se realizara su interrogatorio. El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, aseguró recientemente que aún hay al menos dos capturas pendientes de personas que habrían colaborado en la logística del crimen.