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LEGISLACIÓN “El problema de la justicia es de recursos y capacitación”, Pamela Alarcón Arias, socia de PPU
miércoles, 25 de septiembre de 2019

Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) es, desde 2015, uno de los mejores bufetes en el país y América Latina destacada en las principales publicaciones.

José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co

Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) es, desde 2015, uno de los mejores bufetes en el país y América Latina destacada en las principales publicaciones.

Una de las áreas en las que es reconocida es la de Derecho Penal y Compliance, Pamela Alarcón Arias, socia de PPU en esta materia habló con LR sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y cómo el problema de la administración de justicia es de recursos.

En la última versión de varios directorios, la firma se destacó en varias áreas ¿qué la mantiene en la excelencia?

La firma tiene altos estándares en la contratación de sus abogados. Así mismo, siempre está innovando y va un paso más allá en los servicios jurídicos que presta. Sabemos leer el mercado, los cambios legales y lo que el cliente necesita. Por eso PPU fue pionera en incorporar dentro de sus servicios el área de Derecho Penal Corporativo y Compliance.

¿Cómo ve la práctica del derecho penal corporativo en el país?

Está en auge, de eso no hay duda. Los clientes extranjeros piden más el apoyo de estas áreas al momento de analizar las posibles inversiones en el país (a través de los due diligences). Esto ha hecho que los clientes nacionales quieran estar preparados y fortalecidos en temas como cumplimiento, gobierno corporativo y buenas prácticas. Es un tema que no solo repercute en prevenir sanciones legales, sino, que se ha vuelto un asunto clave de competitividad empresarial.

Quienes acuden a nosotros para que los asesoremos buscan no solo evitar contingencias legales, operacionales o reputacionales, sino que, también, estar preparados para incursionar en mercados internacionales o para recibir inversión extranjera.

¿Usted cree que se hace necesaria una Reforma Constitucional para solucionar los problemas de la administración de justicia?

El pasado jueves dicté una charla a jueces y magistrados a la que me invitó el Consejo Superior de la Judicatura. Allí, entre varios temas que incluía el de Derecho Penal Empresarial, hablamos del problema de la administración de justicia. La gran conclusión es que no es un problema de cómo está el ordenamiento jurídico, es decir, las leyes que tenemos son suficientes e incluso más fuertes que en otros países; es un problema de recursos (incluyendo recursos humanos), de administración en las entidades y, en algunos casos, incluso de capacitación. Por ejemplo, uno de los problemas del sistema penal acusatorio es que no alcanzan las salas de audiencias en los complejos judiciales para que se realicen aquellas de manera oportuna y eso hace que se retrasen los procesos meses. Otro problema muy común que se da es que los fiscales no tienen suficiente policía judicial -a veces ni tienen- y sin ese apoyo no pueden llevar a cabo las labores investigativas y los procesos no avanzan. Esto sumado a la carga que tienen, que en promedio es de 1200 procesos, y eso es humanamente imposible de manjar para un solo funcionario.

¿Qué cambios se necesitan para dar mayor agilidad a los procesos?

Se necesitan recursos y administrarlos de manera eficiente. Se necesita que en las cabezas de las entidades hayan personas que conozcan de primera mano los problemas y que gerencien las entidades con visión casi que empresarial.

Hay dos proyectos de ley que introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica (empresas) ¿qué piensa de estos?

De hecho habían dos proyectos de ley que se intentaron tramitar desde el año 2017. Estos se hacen siguiendo las recomendaciones de la OCDE y siguiendo los pasos de otras jurisdicciones que desde hace ya varios años incluyeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas en sus ordenamientos, por un tema fundamental de política criminal en sociedades de riesgo donde las empresas juegan un rol importante en la creación de nuevos riesgos y en la prevención de daños.

En ambos proyectos de ley la estructura era muy similar a la de la legislación española. Lo que incluye un componente fuerte de cumplimiento como eximente o atenuante de responsabilidad penal empresarial.

¿Deben tener las empresas un modelo de gestión y vigilancia más robusto?

Claro que sí, no solo para evitar sanciones, sino también para evitar que a través de aquellas se comentan delitos. Una cosa es que se cometa un delito en una empresa en contra de sus políticas internas y otra diferente es que la empresa sea tan laxa que permita la comisión de aquellas conductas por no tener controles fuertes. Estamos hablando de lo que la doctrina anglosajona ha denominado willful blindness o ceguera intencional y ése no querer ver, no tener controles o procedimientos es muy negativo al momento de atribuir responsabilidades a las empresas.

¿Qué hacer para que en las empresas no se presenten casos de corrupción?
Es necesario fortalecer las políticas internas anticorrupción, las de regalos y donaciones, las de relacionamiento con autoridades, las políticas antitrust y los códigos de ética y conducta empresariales, entre otros mecanismos internos.

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