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Conozca las propuestas económicas dentro del plan de gobierno de los candidatos a segunda vuelta y los retos para la economía a 2030
Al oído de Abelardo y Cepeda
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El candidato de Defensores de la Patria llegó a la Presidencia con una apuesta promercado, de bajo intervencionismo estatal y una menor carga tributaria a las empresas para estimular la inversión extranjera
El domingo 21 de junio terminó la temporada electoral presidencial de 2026 con una segunda vuelta apretada que llevó a más de 26 millones de personas a las urnas, Abelardo De La Espriella se llevó el triunfo y ahora asumirá varios retos, y en los de tipo económico entre los principales está atender las obligaciones de la Nación ante los mercados internacionales, ajustar el déficit fiscal y fortalecer la senda de crecimiento económico.
Para lograrlo, De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, presentó por un modelo abiertamente promercado, con una apuesta fuerte por la reducción del gasto público, una política menos intervencionista en cuanto a los gravámenes a las empresas y una reorganización del mapa de tributación actual.
Entre las propuestas más sonadas para cumplir con la meta y que ejecutará en el cuatrenio está el cumplimiento de la regla fiscal (que fue suspendida en 2025 por tres años), el fortalecimiento del rol del Comité Autónomo de la Regla Fiscal para controlar el ritmo de gasto del Ejecutivo y retomar los proyectos de yacimientos no convencionales, fracking, como medida para fortalecer los ingresos petroleras. En atención al manejo de la deuda, apuntó a su refinanciamiento a través de nuevos plazos luego de la estrategia del gobierno saliente de colocación masiva de deuda a tasas por arriba de 12%.
En materia de gasto público, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana detalló que “su aproximación combina una narrativa de eficiencia estatal y reducción del aparato burocrático con propuestas de expansión sectorial en salud, sistema penitenciario, cuidado, emprendimiento femenino e incentivos a la inversión privada”. Sin embargo, detallaron que cristalizar estas acciones implican subsidios implícitos de largo plazo (como créditos subsidiados o incentivos tributarios) que podrían generar presiones fiscales acumulativas en un contexto de restricción presupuestal.
“El plan de De La Espriella ha sido explícito a la hora de hablar de gasto público. Sin embargo, el PGN de 2026 ya está relativamente jugado. Será una tarea del próximo gobierno revisar las inflexibilidades del gasto y no se descarta que se presenten proyectos de ley”, explicó Salazar.
En crecimiento económico, el principal reto de De La Espriella será el fortalecimiento de la economía que, aunque completó cuatro años de recuperación, en los últimos dos fueron el gasto público y el consumo de los hogares los que impulsaron el crecimiento del PIB.
Dejar el crecimiento económico en manos de estas dos actividades representa un problema en tanto que, de acuerdo con César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, se trata de un modelo de crecimiento que se está agotando en razón de decisiones de política monetaria que buscan desestimular el consumo interno mientras sectores que solían ser un motor para la economía como las actividades extractivas y la construcción están mostrando señales de desaceleración en razón de la caída en la inversión, entendida como la formación bruta de capital. En materia tributaria, Salazar comentó que el plan del candidato incluye beneficios tributarios para el sector de ciencia y tecnología y la reducción en la tarifa del impuesto de renta para personas naturales condicionada a la simplificación del estatuto tributario.
Uno de los retos, para ambos gobiernos, será la revisión del déficit fiscal con el que cuenta el Gobierno Nacional Central. Teniendo en cuenta que al cierre del año pasado este ítem cerró en 6,4% del valor de la economía, el objetivo que se plantearon De La Espriella y Restrepo es reducir la diferencia entre los ingresos y el gasto a 4,8% del PIB en el primer año. Para lograrlo, proponen consolidar un ‘programa de ajuste fiscal’ que reduzca el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte (aprovechando la nueva ley de Sistema General de Participaciones para lograr un fortalecimiento de la descentralización territorial). Agregaron que buscan alcanzar un superávit fiscal primario en el corto plazo que, según sus cuentas implicaría un recorte inicial del gasto de $70 billones, pero que generaría un ahorro estructural de 3,1% del PIB anuales. Los recortes vendrían en recortes de nómina del Estado, reasignación de subsidios y venta de activos improductivos.
No ha presentado una propuesta centrada en controlar la inflación con metas concretas del Banco de la República, pero plantea reducir presiones sobre los precios y mejorar el ingreso de los hogares, reducir impuestos y cargas a las empresas, recortar gasto público. Sostiene que un Estado más pequeño ayudaría a disminuir presiones fiscales, y propone eliminar trámites y regulaciones que “encarecen la actividad económica y frenan la inversión”. Uno de las presiones macro que sentirá el nuevo gobierno es la contención de la inflación luego de los ajustes en la remuneración mínima de 2026. El Ejecutivo deberá enfocar sus esfuerzos en la recuperación desinflacionaria que se venía gestando hasta 2025. En la relación con el banco central, el nuevo presidente deberá conservar la institucionalidad y buenas relaciones con el Emisor, sobre todo si se tiene en cuenta que ya no es necesaria la presencia del ministro de Hacienda para sesionar.
El candidato propuso una simplificación del estatuto tributario como una medida para atraer nueva inversión extranjera y “aliviar el bienestar de los hogares”. De La Espriella también señaló que buscará modernizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, con inteligencia artificial. Esto se haría con el objetivo de reducir drásticamente la evasión de impuestos, además de modificar y simplificar la estructura tributaria para incentivar la inversión privada y de esta misma manera poder, según lo explica en su plan de gobierno, “aliviar el bienestar de los hogares”. Su formula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, también sugirió la posibilidad de eliminar el impuesto saludable al considerar que condiciona los hábitos de consumo de los colombianos y no tiene un componente de cuidado a la salud. Los recursos de este tributo estaban contemplados, en el gobierno saliente, para financiar el proyecto de reforma a la salud.
El candidato apunta seguir los pasos de Singapur en cuanto a tener un PIB de 7%. Colombia 2050 (iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana) calificó al programa económico como la revolución de desregulación y competitividad empresarial. El propósito de este eje es eliminar los obstáculos que impiden el dinamismo del sector privado, reduciendo costos operativos y simplificando la relación Estado-empresa. Para lograrlo, contaría con mecanismos como la simplificación normativa (implementación de la política “Una entra y dos salen”, donde por cada nueva regulación se eliminan dos existentes); la eficiencia en trámites ante el Invima, el ICA, la Dian y las superintendencias; el fortalecimiento del acceso a la vivienda con la creación del programa “País de Propietarios” y la puesta en marcha de “Plan Cosecha Solidaria” por la seguridad alimentaria.
Las propuestas del candidato en materia energética giran en torno a la recuperación de los pilotos de yacimientos no convencionales, conocidos como fracking y la defensa de Ecopetrol como activo estratégico. La discusión de retomar el fracking se da en medio de una caída sostenida en la producción de hidrocarburos en los últimos años por la decisión gubernamental de apostarle de lleno a la transición energética; el potencial de este tipo de proyectos, según cálculos de la Acggp, es de duplicar las reservas de petróleo y multiplicar por nueve las de gas. “Recuperar la exploración y la producción de petróleo y gas con seguridad jurídica y criterio técnico; acelerar campos descubiertos, proyectos de costa afuera y evaluar yacimientos no convencionales; desarrollar minería de oro, cobre, plata y tierras raras y diferenciar entre minería legal y criminal, respaldando inversión formal y formalización del pequeño minero”, consigna la candidatura.
Aunque el candidato no ha mostrado su postura sobre la evolución del dólar en los cuatro años de gobierno que asumiría, en medio del debate público tras las elecciones de primera vuelta, puso sobre la mesa la posibilidad de dolarizar la economía. Pese a que De La Espriella manifestó que es una opción que le agrada, la descartó pues señaló que se trata de un proceso que tomaría más de los cuatro años del periodo presidencial y es “demasiado complejo y largo”. Sobre el comportamiento que tendrá el dólar, después de las elecciones, David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, comentó que dependerá de la percepción que tenga el mercado sobre el rumbo económico que tome el país con un candidato u otro. Aún así, asumirá un dólar que se ubica en el rango de $3.500-$3.600 actualmente ante las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y el precio del brent por la guerra en Medio Oriente.
Un análisis de Anif sobre las propuestas de Abelardo De La Espriella en materia laboral detalló que comenzaría con una serie de medidas para fortalecer el papel de la inversión privada (considerándola como el motor clave de la generación de empleo). Su programa propone incentivos directos a la contratación, una ruta formativa orientada a la competitividad global con énfasis en tecnología y habilidades digitales sobre las nuevas tendencias del mercado. También una reducción de la carga tributaria y regulatoria sobre las empresas que haga del mercado laboral formal una opción económicamente viable para los empleadores. “En este enfoque, su programa plantea revisar varias de las medidas adoptadas durante la administración anterior, bajo el argumento de que estas han reducido los incentivos a la inversión, la formalización y el crecimiento empresarial, como parte importante de su agenda de competitividad”, señalaron.
El candidato de derecha considera que los recursos pensionales de los colombianos no deberían manejarse como una ‘caja política’ ni manejarse de acuerdo a decisiones ideológicas sino que el Estado debería ser quien custodie el ahorro de los trabajadores. Aunque el programa económico de De La Espriella no específica las particularidades de una contrarreforma, las claves del proyecto de ley girarían en torno al respeto por los ahorros y un blindaje constitucional de los mismos. “El país debe cerrar la puerta a cualquier intento de usar los ahorros pensionales como herramienta fiscal o política. La discusión no se limita al modelo público o privado: se trata de garantizar que el fruto del trabajo de los colombianos no sea tratado como un recurso disponible para tapar huecos del Estado”, apuntó la campaña. También buscaría reducir el protagonismo de Colpensiones para que lo recobren los fondos privados.
Aunque los candidatos, y en el general cualquier presidente, no tienen una injerencia directa en las decisiones de política monetaria que toma el Banco de la República, desde la candidatura de Defensores de la Patria sugirieron una propuesta relacionada con un acuerdo con el banco central para fijar la tasa hipotecaria a 30 años en 2% como una medida para dinamizar el acceso a la propiedad. En cuanto al relacionamiento con la Junta Directiva del Emisor, De La Espriella ‘arranca con una pequeña ventaja’ frente a su contrincante del oficialismo en razón de las tensiones vividas entre la cúpula del banco y el Ministerio de Hacienda saliente por las decisiones relacionadas a la tasa de interés. Aunque lograron acuerdo para no subir más los tipos, el tire y afloje entre las entidades puso de nuevo en la conversación económica la independencia e institucionalidad que recae sobre el Banco de la República.
El plan de la candidatura gira en torno a un plan de choque de $10 billones en el que se incluye la revisión de los ajustes hechos a la UPC para evitar el desvío de recursos, así como un monitoreo trimestral a la ejecución de la UPC por parte de las EPS; restablecer el flujo de recursos; recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos; fortalecer la atención primaria, promoción y prevención; inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud; definir tiempos de atención para citas especializadas en EPS en beneficio de un mejor servicio y hacer seguimientos; fortalecer la red hospitalaria; dignificar al personal de la salud, retomar la política de presupuestos máximos y control de precios en tecnologías, medicamentos y dispositivos; hacer un arbitraje de los recursos administrados por la Adres y hacer más eficientes a las EPS desde el lado administrativo con topes máximos a costos de administración.
En materia de seguridad, las propuestas giran en torno a la lucha frontal contra el narcotráfico y la recuperación de territorios en los que hacen presencia los grupos ilegales y el fortalecimiento del sistema carcelario con la construcción de más centros penitenciarios. La hoja de ruta del candidato incluye la destrucción de 330.000 hectáreas de coca “con todas las herramientas que permite la ley y la tecnología con la fumigación aérea, la erradicación manual, la persecución a los capitales de los narcos, la extinción de dominio express, la sustitución y la extradición”; la reafirmación del monopolio estatal de las armas; el desmonte de milicias y poderes coercitivos paralelos; reconstruir a la Fuerza Pública y las entidades de inteligencia, justicia y judicialización; conformar un Bloque de Búsqueda contra la Extorsión y una Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas de las Fuerzas Armadas.
Durante la campaña presidencial de De La Espriella, el candidato ha mencionado la evaluación y gestión de una estrategia de cooperación con Estados Unidos para buscar mejores condiciones de refinanciación de una parte de la deuda pública colombiana. La propuesta se sustenta en la situación de deuda externa que deja el gobierno saliente, de 52,7% del PIB. “Colombia recibirá unas finanzas públicas deterioradas, un endeudamiento creciente y un margen fiscal cada vez más estrecho para financiar las inversiones que el país necesita en seguridad, salud, educación, infraestructura y generación de empleo. No se trata de adquirir nuevas obligaciones ni de aplazar irresponsablemente los problemas fiscales, se trata de explorar mecanismos que permitan reducir la presión financiera, mejorar las condiciones de pago y recuperar la confianza de los mercados internacionales en Colombia”, explicó la campaña.
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