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Conozca las propuestas económicas dentro del plan de gobierno de los candidatos a segunda vuelta y los retos para la economía a 2030
Víctor Mosquera, socio director de Víctor Mosquera Marín Abogados
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Se exponen concentraciones de votos atípicas de 100% en zonas de conflicto durante la primera vuelta presidencial
La firma Víctor Mosquera Marín Abogados junto a la Fundación Derechos y Justicia Asociados lideraron la redacción de un documento técnico enviado directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo central de exponer ante la comunidad internacional una serie de situaciones que, según los autores, afectaron la normalidad, la transparencia y el equilibrio de las votaciones presidenciales en el país.
El reporte toma como base los datos oficiales consolidados que entregó la Registraduría Nacional del Estado Civil después de la jornada electoral del 31 de mayo. En esa fecha se llevó a cabo la primera vuelta presidencial, dejando como resultado definitivo que las candidaturas de Abelardo De La Espriella y de Iván Cepeda Castro pasarán a competir en la segunda vuelta electoral.
Uno de los puntos que más genera atención dentro del informe, es la manera en que se distribuyeron los votos en ciertas regiones de la periferia colombiana. Los datos muestran que el candidato Iván Cepeda, consiguió una enorme concentración de apoyos en departamentos específicos del suroeste y del sur del territorio nacional.
En total, Cepeda obtuvo 9.688.361 votos, lo que equivale a 40,90% de la votación en todo el territorio nacional. El informe detalla que estas votaciones masivas a favor se dieron principalmente en los departamentos de la región Pacífica, tales como Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, además de zonas fronterizas y de la Amazonía, mencionando los casos específicos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.
Las organizaciones dirigentes del informe cruzaron los resultados electorales con los mapas que muestran la presencia de grupos armados ilegales en el país. Al hacer esta comparación, encontraron que los lugares con mayor votación oficialista coinciden formalmente con los corredores de movilidad y zonas de operaciones donde actúan el Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional.
El estudio pormenorizado de las actas de votación, conocidas como formularios E-14, reveló un comportamiento numérico idéntico en 218 mesas receptoras instaladas en zonas de conflicto armado. En estas 218 mesas específicas, la candidatura de Iván Cepeda obtuvo 100% de los sufragios emitidos, lo que significa una unanimidad estadística absoluta que excluyó cualquier voto nulo, voto en blanco o sufragio por la oposición.
La investigación puntualiza de manera exacta que 168 de estas 218 mesas atípicas se encuentran localizadas en municipios adscritos a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet. En departamentos gravemente golpeados por el conflicto como Nariño, las actas electorales evidencian puestos de votación rurales enteros en donde la cifra total de votantes coincide de forma milimétrica con la votación asignada al candidato del partido de gobierno, dejando el registro del resto de las fuerzas políticas en cero.
El informe vincula estos resultados con las directrices y órdenes públicas emitidas por los voceros de las estructuras armadas. El reporte cita explícitamente las declaraciones de líderes de las disidencias de las Farc, quienes afirmaron públicamente la instrucción de inducir el voto de las comunidades campesinas hacia el proyecto político gubernamental y restringieron de forma estricta el ingreso de propaganda de la oposición.
Por otra parte, el informe dedica una sección completa a evaluar la conducta de los servidores de la rama ejecutiva frente a las prohibiciones vigentes en el artículo 127 de la Constitución Política y la Ley 996 de 2005.
Se describe la existencia de un fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que ordenó expresamente al mandatario abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de los movimientos políticos en competencia.
A pesar de esta disposición judicial, el reporte documenta intervenciones posteriores a través de alocuciones oficiales y cuentas institucionales en redes sociales. En estos canales de difusión, el presidente de la república, Gustavo Petro, vinculó las propuestas de la oposición con estructuras delictivas y convocó activamente al electorado a rechazar dichos proyectos políticos.
De acuerdo con la denuncia de las firmas técnicas, los discursos y señalamientos institucionales emitidos desde la administración central influyeron directamente en el incremento de la polarización social durante el proceso de campaña.
Como consecuencia directa de la descalificación de los programas de gobierno alternativos, se registraron ataques físicos contra la infraestructura de las sedes políticas, destacando como ejemplo los daños materiales de gravedad ocasionados a la sede de la candidata Paloma Valencia en la ciudad de Bogotá.
El documento técnico detalla que la violencia y la coacción al electorado se manifestaron a través de acciones directas perpetradas por organizaciones criminales como el Estado Mayor Central, EMC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las cuales establecieron restricciones severas en sus zonas de operaciones, impidiendo por la fuerza el ingreso de líderes políticos de los partidos de oposición y prohibiendo de manera absoluta la distribución de su propaganda electoral en las comunidades rurales.
También, el informe vincula el incremento de la polarización social y los discursos descalificatorios emitidos desde la administración central con estas agresiones de carácter físicos directas contra la infraestructura de las campañas contrarias al gobierno.
El informe concluye solicitando la atención urgente del organismo internacional ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial fijada para este próximo 21 de junio de 2026.
Los firmantes argumentan que la presión territorial de los grupos armados y la intervención de los funcionarios estatales desnaturalizan los principios de igualdad y equidad contemplados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Natalia Gutiérrez, presidenta de la asociación gremial, rechazó declaraciones polarizantes de las últimas semanas
Junto a 52 organizaciones de la sociedad civil, la MOE presentó un documento firmado en el que instan a los candidatos
Aunque representan visiones políticas opuestas, el próximo gobierno deberá enfrentar una exigente agenda económica para atender los desafíos que deja la actual administración
